Argentina: políticas económicas en disputa

Durante la campaña electoral Macri eludió hablar sobre cuál sería su programa económico e incluso, como uno de los aspectos novedosos de una nueva derecha que se inaugura en América Latina y el Caribe, dio un viraje discursivo hacia consignas más populares que se contraponen notablemente tanto con lo fue su gestión en la Ciudad de Buenos Aires como con las trayectorias parlamentarias de sus diputados a nivel nacional. Sin embargo, los nombramientos de quienes conformaran su gabinete en los últimos días, con una presencia inédita de directores ejecutivos y gerentes generales de grandes grupos económicos en los puestos más importantes en materia económica, así como también las primeras medidas anunciadas, nos permiten entrever qué pasará luego del 10 de diciembre con temas como: la devaluación, subsidios, paritarias, apertura comercial, política fiscal, etc. La discusión sobre si se dará una política de “shock” o “gradualismo” está atravesada por otra nueva: develar quién es el “culpable” del ajuste si el gobierno que se va o el que entra.
Devaluación: el problema de restricción externa reapareció a partir de 2011 combinando nuevos y viejos elementos:  a una vieja -pero creciente- alta elasticidad de importaciones y la histórica fuga de capitales nacionales se sumaron la enorme remisión de utilidades de las empresas extranjeras  y un inédito déficit en materia de energía. Esta falta de divisas no pudo ser resuelta por medidas coyunturales para limitar la salida de dólares, como el control cambiario o aquellas tendientes a restringir las importaciones[1]. Y, en los últimos años, la caída de reservas por el pago de deuda externa fue morigerada por políticas como los “swap” con China. Sin embargo, el reclamo de una devaluación se empezó a hacer oír tanto por los industriales, ante la pérdida de competitividad externa con el aumento de precios, como por el agro, que con el valor de la soja en picada tienen guardada la cosecha en silobolsas esperando una subida del valor del dólar para liquidar. Y en pos de volver a las cuantiosas ganancias de los primeros años de gobiernos kirchneristas, ambas fracciones fueron reduciendo la entrada de divisas a la economía en un contexto internacional menos favorable. Ante este escenario, el gobierno de Cambiemos propone la liberación del mercado de cambios y la unificación en un tipo de cambio más cercano al blue que al dólar oficial. Este nuevo tipo de cambio único implicará una devaluación, estimada por sus referentes económicos en torno al 45-50%, con su rápido correlato en los precios que, en una economía altamente concentrada, ya está anticipándose. La posibilidad de recomponer el salario real ante este aumento de precios está atada a otra gran incógnita de este nuevo gobierno: cuál será su rol en las próximas paritarias…
Apertura comercial: El combate a la inflación ha sido una de las principales consignas de campaña de Cambiemos, pero parece incompatible con su consigna respecto a unificar y liberar el mercado cambiario por el efecto señalado que una devaluación genera en el nivel de precios en una economía concentrada, primarizada y con fuerte dependencia importadora. Sin embargo, una pieza adicional puede resolver tal incongruencia: la apertura comercial. La eliminación de trabas e impuestos a la importación de bienes de consumo y de ciertos insumos y maquinarias ha servido en distintos períodos de la historia argentina como un freno de contención a las tensiones inflacionarias. Ya sea porque abaratan la producción local basada en insumos importados o directamente porque obligan a competir a los productores locales con productos importados, los precios tienden a bajar. El costo de utilizar este instrumento como ancla a la inflación es que difícilmente la producción local, sobre todo de PyMES que son las más generadoras de empleo, puede sobrevivir a la competencia y desaparecen. Los episodios de mayor apertura de la economía argentina han redundado en mayor desocupación, desarticulación de la industria y mayor concentración de la producción en pocas manos.
Trabajo y salarios: uno de los rasgos salientes del período abierto en 2002 fue la fuerte y sostenida recuperación de los niveles de empleo y salarios (en especial del Salario Mínimo Vital y Móvil). Este incremento fue muy acelerado entre 2003 y 2007, y en menor medida entre 2010-2012, luego de la crisis de 2009. Sin embargo, en los últimos 3 años, en línea con el menor crecimiento económico, se ha estancado la creación neta de empleo y los salarios reales cayeron en 2014 aproximadamente un 5%. Sin embargo, el mercado del trabajo argentino se caracteriza por su heterogeneidad, con importantes diferencias en las condiciones de empleo entre distintos sectores y un alto piso de informalidad que desde 2012 aun afecta al 30% de los trabajadores. Pese a que economistas cercanos a Cambiemos se manifestaron en varias oportunidades en contra de las paritarias, el nuevo ministro de trabajo Jorge Triaca anunció en las últimas horas que las mismas se realizarán normalmente pero sin mucha intervención del Estado e incorporó un aspecto que cambia sustancialmente el carácter que han tenido: la pauta ya no será el ritmo de inflación o un techo fijado por el gobierno, sino la evolución de la productividad, tal como en los 90 estableció la ley de convertibilidad. Esta nueva regla pone en desigualdad de condiciones a los trabajadores, ya que se basa en un dato que en general manejan empresas y no lo hacen público. Por lo que, a posteriori de una megadevaluación la nueva pauta congelará, en el mejor de los casos, los altos niveles de ganancia para los empresarios en un piso muy elevado. Para compensar, por un lado, se propone la reformulación del impuesto a las ganancias, una medida que sólo puede compensar a los trabajadores de mayores ingresos. Por otro lado, a través del plan primer empleo se vuelve a las políticas de los años ’90 de “abaratamiento del costo de la mano de obra” a partir de la eliminación de aportes personales y contribuciones patronales para los jóvenes. Se trata de medidas que, además de haber demostrado su ineficacia para cumplir tal objetivo, implicaron el desfinanciamiento de la Seguridad Social.
Ajuste fiscal: La cesación de pagos sobre parte de la deuda pública, la aplicación de retenciones a las exportaciones agropecuarias a comienzos de 2002 y la reactivación económica de los años siguientes le permitieron al primer gobierno kirchnerista elevar la recaudación tributaria y alcanzar el superavit fiscal. La recuperación de las AFJP en 2008 (votada en contra por la fuerza política PRO) permitieron una recuperación de fondos que sirvieron para lanzar la AUH y otras políticas sociales y de inversión. Sin embargo, la renegociación de la deuda pública y el posterior endeudamiento en moneda nacional, las políticas de subsidios, políticas sociales y medidas contracíclicas, cada vez más acentuadas para compensar el menor ritmo de crecimiento de la actividad, se dieron sin un cambio en la estructura tributaria regresiva y en un contexto internacional menos favorable para la recaudación vía derechos de comercio exterior. El déficit fiscal reapareció y se fue acentuando a lo largo del tiempo: en 2015 se estima que alcanzará el 7% del PBI. Además del plan primer empleo y la reactualización del impuesto a las ganancias que reducirían aun más los ingresos estatales, el gobierno entrante también anunció la eliminación de las retenciones (de manera progresiva en el caso de la soja). Esta medida es bien vista por los exportadores de granos que esperan recuperar rentabilidad para liquidar, pero tendrá como correlato una caída de la recaudación fiscal y una suba de precios de los productos agropecuarios en el mercado interno. Estas políticas apuntan a reducir los ingresos fiscales acentuando aún más el déficit, por lo cual el objetivo de restablecer el equilibrio fiscal, tan importante de acuerdo con la trayectoria de los nuevos ministros, requiere de una reducción todavía más acentuada de los gastos. En esta línea, el próximo ministro de energía José Aranguren ha anunciado la eliminación de subsidios a los servicios públicos (energía, combustibles y transporte) pero aplicando una “tarifa social” a través de un mínimo de energía y gas que recibirían los sectores más carenciados. En una economía altamente concentrada como la argentina es probable que, además de mejorar la rentabilidad de las empresas del sector, uno de los efectos de esta medida sea la traslación a precios por parte de grandes comercios y sectores productivos, profundizando la erosión del salario real.
Todas las medidas anunciadas por la fuerza política Cambiemos adelantan que el costo del ajuste para “resolver los límites del modelo económico del kirchnerismo” será pagado por los sectores trabajadores y pequeños productores a través de una enorme transferencia de ingresos de estos al capital más concentrado y menores niveles de empleo. Sin embargo, el pequeño margen con el que Mauricio Macri se impuso en el balotaje del pasado 22 de noviembre vuelve a la política de gradualismo como la única alternativa para contener el descontento y conflictividad social. Ello requerirá de una cuantiosa entrada de dólares vía endeudamiento externo e inversión extranjera directa (para que el tipo de cambio no se dispare más allá de los $14 a $16 pronosticados) que no harán más que acentuar las lógicas de acumulación de una economía dependiente altamente concentrada y extranjerizada de orientación exportadora basada en la agroindustria, la extracción de recursos naturales (como la minería) y la armaduría automotríz con pocas posibilidades de generación de empleo.
El desafío para la construcción de una perspectiva emancipadora de mediano y largo plazo desde las clases subalternas y sus organizaciones populares en esta coyuntura de avanzada de los sectores históricamente dominantes es grande. Pero las expresiones del campo popular ya manifestaron un enérgico rechazo a lo que expresa Cambiemos, lo que prepara un escenario para que el pueblo y sus organizaciones puedan defender cada una de las conquistas conseguidas e ir construyendo un proyecto alternativo que supere los problemas económicos del modelo kirchnerista con iniciativas políticas que favorezcan y promuevan el protagonismo de las mayorías populares.
* Paula Belloni es Integrante del Centro de Estudios para el Cambio Social (CECS).
[1]Como la aplicación y posterior ampliación de Licencias No Automáticas, la obligación de presentar Declaraciones Juradas Anticipadas o de compensar importaciones con exportaciones aplicados por la Secretaría de Comercio Interior.