Peru: un año de PPK

2 de Agosto de 2017, por Prensa CooperAcción

Presidente do Peru - PPK
Presidente do Peru - PPK

Al cumplir sus primeros 12 meses como presidente constitucional, debemos reconocer que Pedro Pablo Kuczynski viene cumpliendo fielmente una de sus promesas: "no exagerar" en la normativa ambiental, "ser realistas" para atraer inversiones(1).

En efecto, durante este año el Gobierno ha retrocedido –aún más- en la tímida política ambiental que había construido el Estado peruano. El Ministerio del Ambiente ya no pretende convertirse en autoridad rectora, sino que ha sido relegado al papel de promover campañas informativas e impulsar algunos proyectos específicos. La errada concepción detrás de todo esto es que las políticas ambientales impactan negativamente en el crecimiento económico.

El Gobierno se ha comprado el discurso que los gremios empresariales han venido sosteniendo durante los últimos años, desde que el Estado empezó a impulsar algunas políticas de regulación y fiscalización ambiental. Según los voceros de las grandes empresas, la excesiva "tramitología" era la causa de una menor inversión en el sector minero y de la desaceleración de la economía. Frente a ello, la solución sería reducir los "trámites" –particularmente ambientales- y en general flexibilizar los reglamentos, las exigencias y la fiscalización a las empresas.

Es a partir de este enfoque que se deben entender las diversas decisiones que ha venido tomando la gestión de PPK en el último año. Entre los retrocesos socioambientales más saltantes se encuentran los siguientes:

> ordenamiento territorial en el limbo: con su nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF), el Ministerio de Ambiente renuncia de manera ilegal a la función rectora en el proceso de Ordenamiento Territorial, contemplada en su ley de creación. Con ello, al no haberse aprobado ninguna norma que establezca cuál será el nuevo ente rector, este proceso -fundamental para ordenar las actividades, equipamiento, servicios, etc., en un territorio- ha quedado en el limbo legal.

> propuesta de nuevo reglamento de exploración minera: El nuevo reglamento busca la simplificación administrativa y la reducción de trámites para la exploración minera, además en determinados proyectos de exploración se reduce la necesidad de estudios ambientales. Según el viceministro Labó, el objetivo de este reglamento es "revertir la caída de las inversiones". Como vemos, se trata de una norma ambiental que explícitamente tiene objetivos económicos.

>los nuevos Estándares de Calidad Ambiental para Aire que –entre otros cambios- elevan el límite para dióxido de sulfuro en 12 veces (pasando de 20 a 250 ug/m3 al día). Pese a que muchos dijeron que este "sinceramiento" buscaba facilitar la venta del Complejo Metalúrgico de La Oroya, esta semana se conoció que la subasta del mismo ha fracasado por tercera vez. En realidad, de acuerdo a las propias declaraciones previas de PPK, esta norma buscaría captar inversiones para nuevas fundiciones y plantas de procesamiento de minerales.

> aguas residuales: el DL 1285 reduce las exigencias y procedimientos para la aprobación del vertimiento de aguas residuales. Esta norma, leída en conjunto con los nuevos Estándares de Calidad Ambiental para Agua –que flexibilizan las exigencias parámetros microbiológicos y parasitológicos como los coliformes totales- buscaría facilitar la inversión en saneamiento.

>reconstrucción sin cambios: tras el fenómeno meteorológico denominado "El Niño Costero", la creación de la Autoridad para la Reconstrucción excluyó al Ministerio de Ambiente, que como es evidente debería tener un rol clave para responder a amenazas climáticas. Esta Autoridad sí incluye a los ministerios económicos y productivos (Economía, Transportes, Agricultura y Vivienda). Además, deja fuera a los gobiernos locales y regionales y a la población que debería vigilar el proceso para evitar corrupción. Otro tema que ha quedado excluido es el ordenamiento territorial: si inicialmente creímos que la "reconstrucción con cambios" tenía que ver con la planificación territorial para reducir riesgos futuros, esta preocupación ha sido obviada. A lo sumo se ha contemplado la declaratoria de zonas de alto riesgo no mitigable, pero ello es algo completamente insuficiente pues también se debería identificar las zonas de riesgo mitigable y sobre ellas establecer las condiciones de uso. Algo que no está previsto por falta de una visión integral.

> el MEF a cargo del Fondo Verde para el Clima: un cambio relevante ha sido la decisión de designar al MEF –en reemplazo del Minam- como nueva Autoridad Nacional Designada para mantener la relación con el Fondo Verde, principal fondo de Naciones Unidas para financiar proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático.

> minería ilegal: los decretos 1293 y 1351 han debilitado la lucha contra la minería ilegal, abriendo la posibilidad de dejar en suspenso las sanciones para los infractores con el argumento de impulsar su formalización. Esto ha abierto una puerta falsa para que continúen operando mafias y sigan usando maquinarias de gran envergadura que causan daños irreparables al ecosistema.

Desde CooperAcción venimos sosteniendo que este enfoque es errado. La desaceleración económica no tiene que ver con las normas ambientales, sino con la variabilidad global de los precios de las materias primas y con decisiones de inversión de las propias empresas. De hecho, una encuesta recientemente difundida por el centro Wiñaq(2) muestra que los empresarios del sector consideran en un 66% que las causas principales del retraso en los proyectos mineros son "decisiones estratégicas de la casa matriz", "menores precios", "mayores costos" y "problemas con el mantenimiento", versus apenas 5% que menciona "trámites del gobierno nacional". Adicionalmente un 23% considera que la causa principal son "conflictos sociales", los mismos que en gran parte se producen por una inadecuada gestión ambiental y del territorio.

Relajar las normas traerá a la larga no solo mayores costos sociales y ambientales, sino también mayores costos económicos para la sociedad y para el Estado, pues los problemas que se generan en algún momento tendrán que resolverse y alguien debe responsabilizarse de ellos. Un aire de peor calidad, asociado a enfermedades que deberán ser tratadas por el sistema de salud, se traducirá en mayores gastos. Un agua de peor calidad costará más para ser potabilizada e igualmente puede ocasionar a la larga una serie de enfermedades. El crecimiento de nuestras ciudades y otros centros poblados sin planificación territorial hace que se deterioren las condiciones de vida e incrementan nuestra vulnerabilidad a múltiples amenazas, las cuales se pueden intensificar en un contexto de cambio climático. Ya en 2007 un informe del Banco Mundial estimaba en 3% del PBI los costos económicos de la degradación ambiental en el Perú. La incapacidad actual del Estado para afrontar la gravísima contaminación que sufren poblaciones como las de Simón Bolívar (Pasco), Espinar, La Oroya o Andoas nos muestra la dramática realidad de esta cifra.

Para un desarrollo sostenible en el tiempo, el Gobierno debe dejar atrás este enfoque caduco que contrapone economía versus ambiente. Una inversión con visión de futuro debe ir de la mano con una autoridad ambiental fuerte y con capacidad para garantizar el bienestar de las personas y de los ecosistemas.

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(1) “PPK buscaría reducir estándares ambientales para promover refinerías. Mandatario electo dijo que actuales normas ambientales del país "son irreales" y "tenemos que cambiar eso".”. Nota en La República, 4/07/2016: http://larepublica.pe/politica/785489-ppk-buscaria-reducir-estandares-am...

(2) IV Encuesta Minera, diciembre 2016, BCRP, citada por el centro Wiñaq.