¿Gobierno de Nicaragua o Gerencia de Unión Fenosa?

¿Gobierno de Nicaragua o Gerencia de Unión Fenosa? Sobre el Protocolo de Entendimiento

Por Mónica Baltodano
 
25/02/2009 – El día 12 de Febrero del 2009 fue aprobado en la Asamblea Nacional, el Protocolo de Entendimiento entre el Gobierno de Nicaragua y Unión Fenosa. El mismo que fue firmado por Daniel Ortega y publicado como Decreto Presidencial No. 29-2008, el trece de Junio de ese año. Ese mismo cuyas bases ya habían sido negociadas y firmadas desde el 28 de Junio del 2007 en el Palacio de la Moncloa, en Madrid, España. La aprobación en la Asamblea se dio con 47 votos: 40 de leales danielistas, 6 de ALN, más Osorno. Yo fui la única que votó en contra.

Expertos jurídicos han fundamentado que este Protocolo no es ni un tratado ni un instrumento internacional celebrado con un país u organismo sujeto de Derecho Internacional, y que por consiguiente no es -desde ningún punto de vista legal- objeto de Ratificación por parte de la Asamblea Nacional, de acuerdo con lo que obliga el Arto.  138 numeral 12 de la Constitución Política Nicaragüense. Y sin embargo, fue aprobado como tal.

Es claro que el gobierno de Ortega le dio inconstitucionalmente ése carácter, para que los “acuerdos” ahí contenidos tengan fuerza de Ley. Todo ello, sin que la Asamblea pudiera cambiar ni una sola coma de su contenido, ya que jurídicamente un Acuerdo Internacional solamente se aprueba o se rechaza en el Parlamento, pero no se modifica, lo que explica porque usaron arbitrariamente esta figura legal.
Ahora bien, más allá de las consideraciones jurídicas, ¿cuál es el contenido del Protocolo?

La exposición de motivos que acompaña el Protocolo, y los considerandos del decreto de aprobación, son más que elocuentes. Este instrumento tiene un sólo propósito: garantizar la estabilidad de las operaciones de la transnacional -que esconden en el eufemismo de “sector energético”-, su suficiencia financiera y su sostenibilidad. Por ningún lado aparecen los intereses de la nación o de la gente.
Este Protocolo demuestra como este gobierno actúa como leal representante de las transnacionales y sus intereses, siempre a costa de los nicaragüenses. Es tan absurdo, tan oneroso, tan vende patria, tan rastrero con esta transnacional, que no concebí que existieran 47 diputados y diputadas que estuvieran dispuestos a suscribirlo; pero, una vez más, la ignominia pudo más que la dignidad nacional.
Veámoslo con detenimiento:

El Protocolo compromete a la Asamblea Nacional a aprobar determinadas leyes, cuyos contenidos ya están previamente definidos, con el propósito de que la transnacional nunca perderá ni un centavo, sólo puede ganar. 

La Asamblea Nacional está sujeta en sus actuaciones a la Constitución y al pueblo, que es el soberano, pero en este Protocolo quedará en manos de Unión Fenosa, porque este documento se erige como un ente supremo (cuasi-constitucional), mediante el cual el Parlamento entrega su soberanía colocándola en manos de la transnacional.

Se comprometen, por varios años, cuantiosos recursos del presupuesto para los famosos desvíos por compras mayoristas; se amarra por 5 años el factor de expansión de pérdidas, ajustado a 1.13; y se compromete por 4 años, el subsidio para energía consumida por los asentamientos, estableciendo el 4% del precio medio de compra en barras de media tensión multiplicado por el total de la energía vendida.  Todos los fondos deberán aprobarse como si se tratasen de la obligación constitucional del 6% para las Universidades (para ejemplificar el caso).

Se incluyó, además, una fórmula matemáticade ajustes mensuales de tarifa para cubrir todos los costos mayoristas de energía, garantizando las ganancias a Unión Fenosa. Resulta paradójico que mientras la tarifa se ajustará mensualmente, el salario mínimo de los nicaragüenses pretende ser revisado anualmente. Mientras las tarifas se indexan, los ajustes a los salarios mínimos siempre están por debajo de la inflación.

Se obliga a reformar leyes en plazos perentorios, eliminando el impuesto municipal sobre ingresos para Unión Fenosa y de paso a las generadoras, sustituyéndolo por un sólo impuesto conglobado que se pagará al gobierno central,  afectando la recaudación de los municipios. La inclusión de las generadoras, una parte ellas privadas, despierta suspicacias porque en  algunas incluso hay capitales danielistas (no digo sandinistas, por respeto al General Sandino, pues no lo quiero ligar a intereses de los capitales cuando él murió sin un centavo en sus bolsas).

Eliminaron de un plumazo la obligación de suscripción de contratos de Alumbrado Público con las municipalidades, determinando que la normativa para fijar su precio “les asegurará la recuperación de los costos”, esto significa que va para arriba la tarifa de alumbrado público. Además, se prorrogó por dos años más la obligación de Unión Fenosa de montar un sistema de medición independiente de este servicio. Pero si un pobre usuario se retrasa unos días en el pago de la luz, ¡ahí no hay prórroga para nadie!

Se reconocerá a Unión Fenosa intereses moratorios cuando el INE se retrase en aprobar los ajustes tarifarios. ¿Quién pagará los intereses moratorios? ¡Pues los nicaragüenses, todos los usuarios!   

También se validaron las cuentas de las deudas. En cifras cerradas, Unión Fenosa le debía a las empresas generadoras del Estado US$ 63.4 millones de dólares, más US$ 7.8 millones de Enatrel. Argumentan que deben esas sumas porque no se les permitió ajustar la tarifa y de ello se concluye el siguiente arreglo: Una parte de esa deuda ya la pagamos los usuarios a través de las facturas (US$10 millones de dólares), y otra parte la asumió el Estado el año pasado, con los US$ 22 millones de la reforma presupuestaria (y que fueron entregados directamente a Alba Caruna, entidad privada que maneja los fondos de ayuda de Venezuela).  Pero, además, el Estado reconoce deudas de años atrás de Enel, Enacal, Ministerio de Hacienda, etc., por un total de US$ 12.1 millones de dólares más. A estas alturas la deuda de Fenosa bajó a US$ 27 millones.

Entonces sigue la fiesta, Unión Fenosa dice que han reclamado se les reconozcan el deterioro del margen de distribución (VAD), y entonces el Gobierno les reconoce US$ 6.1 millones de dólares por ello. Además, dicen que el impuesto municipal es muy oneroso y por ello el Gobierno accede a reconocerles US$ 9.3 millones. Me detengo en esto porque creo que es un absurdo que el Gobierno devuelva un impuesto ya pagado. Cuando Fenosa compró el Sistema de Distribución fue bajo determinadas leyes, incluyendo las tributarias, y ahora mediante el Protocolo, el Gobierno acepta los argumentos de que ese impuesto municipal es muy oneroso y ya no se les cobrarán a Fenosa –haciendo la reforma de la ley desde un protocolo- y, peor aún, ¡aplicándola retroactivamente!

El resultado es que este Gobierno de reconciliación con el gran capital, así como reconoció sin revisar las deudas por BPI (bonos de indemnización por las confiscaciones de la Revolución), y las deudas de los CENIS (por quiebras fraudulentas de los bancos),  ahora cede ante todo lo que planteó Unión Fenosa. Fondos del Presupuesto Nacional entregados a estos grandes capitales.

Después de ceder en todo, las deudas de Fenosa con el Estado se reducen a US$11 millones de dólares, y como gran cosa, el Estado recibe el 16% de las acciones y el derecho a sentar en la Junta Directiva de Unión Fenosa, a un representante del Presidente, Francisco López, quien es Gerente de Petronic y Tesorero del FSLN. ¿Qué gana Nicaragua? –nos preguntamos-.

Adicionalmente se le perdonan a Unión Fenosa una serie de multas y descuentos tarifarios  que impuso INE en los años 2002-2006. Son resoluciones la mayoría de ellas del Ente Regulador encargado de proteger los intereses de los nicaragüenses. La lista de instrumentos revocados incluye una Resolución de la Contraloría General de la República donde se denuncia de nulidad los Contratos de Concesión de las distribuidoras. 

Con la firma del Protocolo se muestra como este sigue siendo EL ESTADO DE LOS CAPITALISTAS, que defiende en primer lugar los intereses de estas grandes compañías. El Protocolo es una vergüenza para los nicaragüenses, pero sobre todo para quienes en nombre de las ideas revolucionarias hablan contra el capitalismo, pero con sus actos, todos los días lo consolidan.