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Chile: El talón de Aquiles del presidente Boric y del gobierno de Apruebo Dignidad

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Por IELA em 14 de março de 2022

Chile: El talón de Aquiles del presidente Boric y del gobierno de Apruebo Dignidad

 

Reprodução do Twitter de Gabriel Boric

El viernes 11 de marzo de 2022 asumió el gobierno del Estado de Chile una nueva generación de dirigentes políticos y políticas, formada en la última década de la democracia protegida y de la sociedad neoliberal (2011-2021); la mayoría de ellos son menores de 50 años, o sea, a lo más tenían un poco más 10 años para cuando se inició la democracia posautoritaria.
El nuevo presidente de la República, Gabriel Boric Font, de tan solo 35 años, será el mandatario más joven en asumir dicho cargo en los 212 años de la República. Tan solo 13 ministros, de los 24, superan los 50 años y uno de ellos los 70. Donde la más joven es la Ministra de la Mujer y Equidad de Género Antonia Orellana, militante de Convergencia Social, con 32 años y el de mayor edad es el Ministro de Vivienda, Carlos Montes, socialista, con 75 años. 
De acuerdo con estos datos podríamos sostener que se adoptado por una distribución intergeneracional que combina la presencia de jóvenes, adultos y adultos mayores. Esta distribución también se observa entre los subsecretarios como en la designación de los delegados presidenciales.
Considerando esta distribución etaria se podría sostener que sin lugar a dudas marca una diferencia en relación con las designaciones realizadas por los anteriores gobiernos posautoritarios del periodo, 1990-2022. Aunque, lo más relevante del nuevo gobierno es el nombramiento de mujeres en altos cargos de responsabilidad política, buscando sostener en la praxis misma el discurso de la paridad de género. Son mujeres con importantes trayectorias profesionales y políticas, donde destacan la Ministra del Interior, Izkia Siches, la primera mujer en ocupar dicha cartera; la vocera de Gobierno, Camila Vallejos; la Canciller, Antonia Urrejola; la Ministra de Defensa, Maya Fernández; y la Ministra de Salud Maria Begoña Yarza, entre otras. 
Estos dos aspectos lo intergeneracional como la paridad de género, con cierta superioridad de las mujeres, se ve oscurecida por la nula presencia de hombres o mujeres de los pueblos originarios o de los sectores populares y trabajadores. 
Esta ausencia se explica, fundamentalmente, porque la Alianza Apruebo Dignidad, en función de ganar la presidencia, en la 2°V de diciembre de 2021, impulso una estrategia política electoral dirigida a buscar y conseguir el apoyo político de la centro-izquierda, es decir, de los partidos que durante 20 años conformaron e integraron la Concertación de Partidos por la Democracia (Concertación, en adelante), es decir, conseguir que los electorados de la Democracia Cristiana (DC), el Partido por la Democracia (PPD), partido Radical (PR), el Partido Socialista de Chile (PSCh), el Partido Liberal y Ciudadanos, o sea, la coalición Nuevo Pacto Social, que había apoyado a la candidatura de la demócrata cristiana, Yasna Provoste. Y, también, se volcó a conseguir los votos del abanderado del PRO, Partido Progresista y fundador del Grupo de Puebla, Marcos Enríquez-Ominami. En otras palabras, el Frente Amplio, Gabriel Boric y el PC y sus aliados, optaron por buscar el apoyo de las y los electores que habían sostenido la “democracia protegida” y el padrón de acumulación capitalista neoliberal.
Durante 24 años (1990-2010 y 2014-2018) la sociedad chilena fue administrada y gobernada por la centro-izquierda que de ninguna manera modificó ni alteró al padrón de acumulación capitalista en su forma neoliberal; todo lo contario, impulso su expansión, profundización y estabilización. Asumiendo, para ello lo que Manuel Antonio Garretón ha nombrado como un “neoliberalismo corregido y un progresismo limitado”. 
Las políticas públicas de la centro-izquierda en términos económicos y sociales fue favorecer el desenvolvimiento del gran capital mercantil-financiero y agro-minero y en apoyar a la mediana y pequeña burguesía empresarial y profesional asalariada, o sea, a las nuevas capas medias aspiracionistas. Dejando de lado las políticas sociales universales de apoyo y protección del desarrollo de los sectores populares y de trabajadores. Optaron por aplicar políticas públicas de corte neoliberal focalizadas en atender solo y exclusivamente a los grupos sociales más vulnerables. Por cierto, lograron, en un ciclo largo de crecimiento económico sostenido por los “commodities”, bajar los niveles porcentuales de la pobreza y de la extrema pobreza. Pero, al mismo, incrementaron de manera vergonzante las “brechas de la desigualdades” sociales, económicas y culturales en la sociedad nacional. 
La desigualdad en Chile que es una de las mayores de la región latinoamericana y el país más desigual de la OCDE. La creciente desigualdad social con el tiempo dio origen a una gran ruptura política, entre importantes sectores de la sociedad civil y el régimen político.  Esta ruptura termino configurando dos ciudadanías neoliberales: por un lado, una ciudadanía participe e integrada a la sociedad neoliberal y otra, las y los condenados por el neoliberalismo, es decir, excluida o débilmente integrada a la sociedad neoliberal. 
La ruptura y la desigualdad política se expresó a nivel de la participación electoral en dos sectores ciudadanías políticas, por un lado, las y los ciudadanos electores y, por otro, las y los no electores. El primero está construido, por las y los ciudadanos políticos “tradicionales”, los cuales durante los últimos 30 años han apoyado electoralmente a los partidos del orden neoliberal, ya sea, de la derecha (Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional y Evopoli) o de la Centro-Izquierda. Un poco más de 7 millones electores, que representaban entre el 40 y 49%, del padrón electoral han participado activamente en la democracia protegida, han elegido a las autoridades del poder nacional, regional como local. El clivaje del orden político nacional desde 1990 ha sido entre dos formas de neoliberalismo. El neoliberalismo autoritario y ortodoxo propiciado por la derecha y, el neoliberalismo “democrático” de la centro-izquierda. La primera confrontación entre ambas formas se verificó en la tercera elección presidencial del año 1999-2000 definida por ballotage entre el concertacionista Ricardo Lagos y el derechista Joaquín Lavín. Desde esa elección hasta la última de 2021, las disputadas electorales, especialmente, en las 2°V, han sido entre esas dos formas neoliberales. 
La ciudadanía no electoral se fue conformando a lo largo del tiempo de manera creciente desde 1997 en adelante, incrementándose luego de la aprobación del voto voluntario en 2012, llegando a niveles abstención superior al 60%. El sistema político posautoritario se fue vaciando de ciudadanos políticos que renunciaron a su derecho a participar en los procesos electorales. Pero, algunos sectores no abandonaron la política. Aunque entre las y los ciudadanos no electores es posible identificar un significativo porcentaje de ciudadanos/as que aborrecen y detestan la política. Con todo la política nacional desde 1997 fue definida por la participación electoral o no de las y los no electores, especialmente, de aquellos que hemos nombrado en otro lugar, como subpolíticos, o sea, ciudadanos/as que deciden hacer otra política en los márgenes del sistema político, al cual rechazan y resisten activamente el orden neoliberal. Ellos fueron los actores principales de la Revuelta popular y ciudadana de octubre de 2019 y los que decidieron la 2°V presidencial de diciembre de 2021 en favor de Gabriel Boric Font. Sin embargo, ellos no entraran al gobierno de Apruebo Dignidad y del Presidente Boric. 
La conformación del nuevo gobierno se hizo con la activa participación de la centro-izquierda, sin la Democracia Cristiana, quien entregó el apoyo electoral, pero, desde el primer momento se planteó en una posición crítica opositora.
Por consiguiente, el gobierno de Boric, reconstruye a la centro-izquierda, la reconfigura partidistamente, se trata, de un gobierno de coalición entre la nueva izquierda socialdemócrata y feminista del Frente Amplio, la vieja izquierda concertacionista (especialmente, del PSCh), y la izquierda de Chile Digno (Partido Comunista de Chile, Frente Regionalista Verde Social, entre otros). 
Más allá de la conformación intergeneracional y la paridad de género la decisión estratégica del FA y de Gabriel Boric de apoyarse en el ala izquierdista de la exConcertación hay una opción política por la continuidad de las formas capitalistas neoliberales dominantes en los últimos 30 años, que se expresa en la presencia del economista y expresidente del Banco Central Mario Marcel en el Ministerio de Hacienda. 
La opción por las formas capitalistas, aunque sean neoliberales corregidas, implica instalar una barrera política entre lo demandado por la Rebelión de Octubre, de poner fin al neoliberalismo en Chile. Incluso la declaración de que el gobierno tendrá un perspectiva de feminista, no implica que lo anticapitalista sea lo central del nuevo gobierno.
En fin, teniendo presente estos antecedentes y otros que expondremos e identificaremos en este artículo cual es el Talón de Aquiles del próximo gobierno de Gabriel Boric y de la nueva centro-izquierda.
El triunfo de Gabriel Boric en la 2° Vuelta de las elecciones presidenciales de Chile, el pasado 19 de diciembre de 2021, deberá ser considerado como un hito histórico-político tanto en el proceso político chileno de larga duración como del reciente. 
El primero se refiere, al periodo que va desde 1990 a 2021, pues, se trata de la última elección presidencial de la “democracia protegida” regida por la Constitución Política de 1980 legada por la dictadura cívico-militar del General Augusto Pinochet Ugarte (1973-1990). 
Y, el segundo, dice relación con la coyuntura critica abierta por la Rebelión popular y ciudadana de octubre de 2019, dado que esa elección presidencial, es la cuarta elección que se realiza al interior de esa coyuntura, por lo tanto, se encuentra fuertemente influenciada por los acontecimientos suscitados en ella. 
Sin embargo, el triunfo electoral del abanderado de la alianza Apruebo-Dignidad, no debe considerarse como el resultado político de la Rebelión de Octubre, sino más bien, es la consecuencia de la política reaccionaria construida, por la “clase política” tanto gubernamental como opositora, con el objeto de frenar la Rebelión social. En esa dirección, el triunfo de Gabriel Boric, se liga directamente con el Acuerdo de Paz y Nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019. Este Acuerdo político concordado entre los actores políticos, partidos, gubernamentales y opositores, incluido el propio Gabriel Boric, se construyó como un dique de contención y, para impedir el “derrocamiento ciudadano” del gobierno de Sebastián Piñera, o sea, para evitar el derrumbe político, social, económico de la sociedad neoliberal.  
El Acuerdo es la tabla de salvación del orden político, social y económico neoliberal establecido hace 45 años de manera violenta por parte del Capital tanto nacional como internacional a través de las Fuerzas Armadas nacionales.
Por ello, consideró que el triunfo electoral de Gabriel Boric es, sin lugar a dudas, un hito histórico-político contradictorio, ambiguo y complejo, tiene la cualidad de soportar diversas lecturas e interpretaciones posibles, aquí vamos a ofrecer una. Esta se alejará de las interpretaciones triunfalistas que parten del supuesto que estamos ante un gobierno de izquierdas o progresistas, especialmente, de aquellas que ven el triunfo de Boric y el FA como consecuencia directa de la Rebelión de Octubre de 2019. Nuestra postura asumirá una perspectiva política crítica que buscará exponer las debilidades del gobierno que asumirá el próximo viernes 11 de marzo.
Nuestro planteo es que la elección misma como el triunfo electoral, las fuerzas políticas que lo acompañan tanto en la 1°Vuelta como en la 2°V y, sobre todo, las y los electores, expresan tanto lo “viejo” como lo “nuevo” de la política chilena, especialmente, aquella que se fue entretejiendo a lo largo del ciclo de protestas sociales y políticas que se registraron en la sociedad neoliberal chilena desde mediados de la primera década del siglo XXI hasta el año 2019. 
En efecto, durante ese ciclo de protestas se quebró la “pax neoliberal”, impuesta por los gobiernos de la Concertación, una alianza de partidos centro-izquierda, la cual, durante 20 años (1990-2010), ampliaron, profundizaron y consolidaron el padrón de acumulación neoliberal en Chile. 
El quiebre de la “pax neoliberal” en el año 2006 como consecuencia directa de la denominada “revolución pingüina” de las y los estudiantes secundarios acontecida durante el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010). La “revolución pingüina” fue un gran levantamiento de las y los estudiantes secundarios en contra de la educación de mercado. Esta remeció de manera inusitada al régimen dominante provocándoles las primeras grietas a la hegemonía neoliberal. Aunque, esta “revolución” fue vencida por un acuerdo político entre los partidos políticos del orden neoliberal que acordaron modificar la Ley Orgánica Constitucional Educacional (LOCE) dictada por la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, tres días antes de entregar el gobierno el 11 de marzo de 1990. Y, reemplazada por la Ley General de Educación (LGE), que no altero ni modifico sustantivamente la sólida estructura mercantil de la educación. 
Esta demanda fue asumida cinco años más tarde por la gran sublevación estudiantil universitaria del año 2011 que puso en jaque al primer gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014). De esta sublevación emergerá una nueva generación de dirigentes políticos. Los cuales con un discurso profundamente crítico y descalificador de lo realizado por la Concertación inauguraran una nueva fase de la “democracia protegida”: la fase de impugnación de la hegemonía neoliberal. En efecto, como resultado de estas y otras movilizaciones sociales y políticas del ciclo de protestas (2006-2019) abierto por el movimiento estudiantil, la dominación y hegemonía neoliberal comenzó a experimentar sus primeras grietas.
Las grietas antineoliberales abiertas por las ciudadanías en movimiento comenzaron a afectar el funcionamiento de los distintos mercados que conforman la sociedad neoliberal: el educacional, el sanitario, el previsional, el farmacéutico, el medio ambiental, el pesquero, el minero, crediticio, portuario, etcétera. Al mismo tiempo, esos mercados experimentaron una serie de problemas como resultado de su desenvolvimiento y contradicciones internas propias del proceso de acumulación neoliberal que los rige, en otras palabras, esos mercados exteriorizaron un conjunto de “fallas de mercado”. 
Las “fallas de mercado” que afectaban directamente la vida material de las y los trabajadores como de las y los estudiantiles, de las y los jóvenes, de las mujeres, de las y los adultos mayores, intentaron ser solucionadas con políticas públicas impulsadas tanto por los gobiernos de la centro-izquierda de Michelle Bachelet (2006-2010) y (2014-2018) como de la derecha neoliberal de los gobiernos de Sebastián Piñera (2010-2014) y (2018-2022). 
Estas políticas gubernamentales tenían como objetivo central corregir de manera focalizada el funcionamiento de los mercados. Sin embargo, estas fueron soluciones mercantiles. Las cuales profundizaban en vez de erradicar la devastación de la vida de los y las condenados por el neoliberalismo como de los sectores sociales (capas medias) precariamente integrados a la sociedad neoliberal. Si bien, el ciclo de protestas había provocado numerosas grietas en el capitalismo neoliberal, las políticas públicas de los gobiernos neoliberales, las reparaban. Las reparaciones de mercado incrementaron, por un lado, la desigualdad social, económica y política y, por otro, el descontento, el malestar y la rabia en contra del régimen neoliberal, se masificaba al interior de la sociedad.
El fracaso de los gobiernos neoliberales de la centro-izquierda como de la derecha en resolver las “fallas” como “los abusos” de los actores de mercados acrecentaron la gran grieta y la ruptura que separaban a la ciudadanía del régimen político. El régimen democrático protegido, entró en crisis. Y, más temprano que tarde el “grito” de la rabia ciudadana trono con fuerza al interior de la sociedad, estremeciendo y agrietando la estructura de dominación hegemónica neoliberal. El estruendo fue de tal magnitud que la institucionalidad política estuvo a punto de derrumbarse entre el 18 de octubre y el 14 de noviembre de 2019. Pero, igual que en el año 2006, el acuerdo político entre los partidos del orden neoliberal, salvaron la educación de mercado, el Acuerdo de Paz y Nueva Constitución salvaron al gobierno, al régimen político y al capitalismo neoliberal, de la acción de las y los ciudadanos rebeldes antineoliberales. 
Como he señalado más arriba la desigualdad social y ruptura política al interior del sistema político se había manifestado tempranamente en las elecciones parlamentarias de 1997 (aunque, sus antecedentes germinales se encuentran en el plebiscito de 1988) y se fue incrementando sistemáticamente hasta año 2018. Mayoritariamente, la ciudadanía no confiaba ni aceptaba la legalidad ni la supuesta legitimidad de los partidos políticos del orden político neoliberal. El rechazo ciudadano era total. Hacia 2018, la conformación de dos grupos de ciudadanos era claramente perceptible al interior del sistema político y de la sociedad neoliberal chilena: estaban, por un lado, las y los ciudadanos electores y, por otro, las y los ciudadanos no electores.
El grupo mayoritario era y es el de las y los ciudadanos no electores. Este sector se caracteriza por renunciar a la participación política electoral, pero no a la política. Socialmente se trata de un conglomerado ciudadano abigarrado, heterogéneo, multifacético, diverso, plural y transversal. Internamente, los sectores populares y distintos sectores de las capas medias aspiracionistas son mayoritarios, en una proporción algo menor lo componen los sectores socioeconómicos altos, de la mediana y alta burguesía. Sin embargo, desde 1997, son estos las y los ciudadanos que sin votar en los procesos electores han incidido poderosamente en los vaivenes de la política nacional. 
Cabe señalar que al interior de este heterogéneo grupo de ciudadanos no electores encontramos tres grupos, a saber: (a) las y los electores intermitentes, o sea, aquellos que votan en un torneo electoral y se abstienen en otros. Entran y salen de la estadística electoral, aproximadamente son entre un 15 o 20%. Fueron, las y los ciudadanos electores que se “liberaron” de la obligación de votar con la instalación del voto voluntario en 2012. (b) las y los ciudadanos apolíticos. Este es un amplio grupo que cruza social y transversalmente a las y los ciudadanos no electores. Rechazan la política y a sus actores. Son abstencionistas duros, o sea, estructurales. Son defensores del orden y de la institucionalidad autoritaria. No les agrada ni los convence la democracia. Tampoco se comprometen con alguna organización política ni lideres. Algunos integrantes de este grupo se manifestaron durante la Revuelta de octubre arropados con “chalecos amarillos” armados para defender sus patrimonios y propiedades de la misma forma como lo habían hecho durante el terremoto de febrero de 2010. Son una incógnita política para el próximo plebiscito de salida del proceso constitucional cuando el voto sea obligatorio. Son entre un 30 a 40%, que no es una cifra menor. Finalmente, están las y los ciudadanos no electores que he nombrado en otro lugar, como “las y los ciudadanos subpolíticos”. Este grupo es políticamente activo y fueron los actores sociales y políticos protagónicos tanto de la revuelta popular y ciudadana de octubre 2019 y, sobre todo, del triunfo del Apruebo, en el plebiscito de entrada de octubre del 2020 que posibilita la instalación de la Convención Constitucional y, por cierto, del triunfo de Gabriel Boric, en la elección presidencial de diciembre del 2021. 
El “partido de las y los no electores” como los he nombrado han incidido directamente en los resultados electorales, en algunas ocasiones favoreciendo a la derecha y en otras, a la centro-izquierda. Pero, nunca a la izquierda anticapitalista. 
El vaciamiento de electores del régimen democrático protegido contribuyó a erosionar su legitimación y provocar una prolongada crisis política de representación y de credibilidad de sus principales actores políticos: los partidos. Sin embargo, la “ficción democrática” que rige al régimen democrático protegido evito durante dos década y pico (1997-2019) el derrumbe del régimen como del sistema partidos. 
La “ficción democrática” consiste en ignorar la proporción de ciudadanos/nas que no participan en los procesos electorales y atribuir considerando solo los votos válidamente emitidos -excluidos los blancos y los nulos-, los apoyos electorales y ciudadanos tanto a los partidos como a las y los candidatos que resultan electos. De esa forma, aunque tan solo participaran el 40% o 50% de las y los ciudadanos inscritos en los registros electorales y se abstuvieran el 60% o 70%, los comicios son considerados legítimos, legales y, sobre todo, democráticos. Todo lo cuál es una ficción o en otras palabras una “mentira”.
El establecimiento del voto voluntario en el año 2012 concedió carta de legitimidad a la no participación electoral, al tiempo que protegía al régimen político, invisibilizando su crisis de participación y de representación. Cabe señalar que desde 2012 todas las autoridades que ocuparon cargos públicos de elección popular lo hicieron con magras votaciones, pues la participación electoral, con dificultad llegaba al 50% del padrón electoral. Para ejemplificar este punto, voy a exponer lo ocurrido con las elecciones presidenciales, en el Cuadro N°1 se puede observar la caída de la participación en las elecciones presidenciales de los años 2014 y 2018 al 41, 12% y 48,48%, respectivamente y, por consiguiente, el aumento de la no participación electoral (abstención). Si bien, en las elecciones de 2018 y 2021 hay una recuperación significativa esta nunca alcanza el porcentaje registrado en 2006.  
Lo que queda en evidencia también en estos datos es que las elecciones presidenciales no producían mandatarios con mayorías sociales y electorales amplias. Pues, ninguno de ellos, incluido el actual presidente electo, Gabriel Boric Font, lograban alcanzar, por ejemplo, una adhesión ciudadana, considerando todo el padrón electoral, superior al 35%. En los últimos 22 años los presidentes y los gobiernos han sido débilmente representativos de la ciudadanía nacional. 

La des-ciudanización de la democracia neoliberal constituye uno de los problemas que el nuevo ciclo político, iniciado en octubre de 2019, debiera ser solucionado ya sea por el gobierno de Boric como por la nueva Constitución Política que actualmente elabora la Convención Constitucional. 
El ciclo de protestas abierto en el 2006 tuvo el efecto de frenar de manera parcial la des-ciudanización (vaciamiento) del régimen político. Las sublevaciones estudiantiles y las ciudadanas del movimiento No +AFP, el movimiento feminista de 2018, etcétera; generaron un proceso de politización entre las nuevas generaciones, especialmente, de aquellas que habían nacido y formado en la posdictadura (1990-2019).
La politización de la ciudadanía neoliberal tomo dos senderos no necesariamente opuestos, pero si distintos en sus objetivos y finalidades políticas. Por un lado, las dirigencias del movimiento estudiantil tanto secundarias como universitarias, especialmente, estas últimas: optaron por la ruta de la institucionalización formal en el régimen político protegido. Para esos efectos, se organizaron en nuevos partidos y corrientes políticas que se aglutinaron en el Frente Amplio. Lo integraron en otros, Revolución Democrática, organización política fundada por Giorgio Jackson; la Izquierda Autónoma, organizada y liderada por Gabriel Boric. 
Ambos habían liderado el movimiento estudiantil desde 2011 al 2013, junto con la dirigente de las Juventudes Comunistas de Chile y presidenta la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile en 2011, Camila Vallejos, ingresaron al parlamento como diputados en 2014 y reelectos en 2018. Una década más tarde los tres ingresarán a La Moneda, uno como presidente, Boric; y los otros dos como ministros, G. Jackson y C. Vallejos, Secretario General de la Presidencia y Secretaria General de Gobierno (vocera), respectivamente. Con la llegada al Gobierno del Frente Amplio y de sus principales dirigentes, la estrategia política electoral por ellos construida y desarrollada, en el año 2017, culmina con éxito, el 19 de diciembre de 2021. En menos de década una nueva generación de actores y sujetos políticos se dispone a gobernar la principal sociedad neoliberal en crisis y en transformación.    
La otra ruta de politización de la ciudadanía neoliberal se realizó fuera y en resistencia activa a la política institucional. Esta ruta fue seguida por todos las y los ciudadanos que habían renunciado a la “participación política electoral”, pero no a la política. Estos ciudadanos, especialmente, jóvenes pobladores, trabajadores, estudiantiles (secundarios), mujeres, etcétera; del mundo popular. Se organizan y asocian en sus espacios territoriales autónomos de carácter horizontales, lejos y en resistencia a los partidos políticos del orden neoliberal. Asumiendo posturas anarquistas, anticapitalistas, ecosocialistas, proabortistas, feministas, revolucionarias, se autoeducan y se vinculan con las luchas emancipadoras de los pueblos originarios, especialmente, con el movimiento mapuche y otros de Amétrica Latina. Sus objetivos políticos son amplios y diversos. Su norte es poner fin al capitalismo neoliberal. Son las y los ciudadanos que hacen política, otra política, que no pasa por los procesos electorales, desde abajo y desde la izquierda. Son las y los rebeldes de la sociedad neoliberal. Ellos protagonizaron e hicieron posible la revuelta del 18 de Octubre de 2019.
Estos ciudadanos -que he nombrado en otro lugar como “subpolíticos”- fueron los que provocaron la gran grieta a la dominación neoliberal y abrieron las “grandes alamedas” para que se comenzara a poner fin a las herencias institucionales legadas por la dictadura cívico-militar y mantenidas por los gobiernos de la CPD, de la Nueva Mayoría como de la Derecha Con su masiva y violenta insurrección obligaron al poder gubernamental a sacrificar la Constitución Política de 1980 (CP80) en aras supuestamente de la Paz interna.
En busca de esa Paz estuvo el entonces diputado del Frente Amplio, Gabriel Boric, quién firmó a título personal el Acuerdo con concordado por los partidos políticos del orden neoliberal con excepción del Partido Comunista de Chile, Convergencia Social, el partido del presidente electo, y otros partidos de la izquierda revolucionaria. Y, este Acuerdo fue firmado sin considerar la opinión de las y los ciudadanos en rebeldía, se hizo a sus espaldas y implico imponer una solución política e institucional que no respondía a las demandas planteadas por la insurrección social octubre 2019: la renuncia de Piñera, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y el fin del neoliberalismo en el país. 
La imposición de la salida política institucional establecida en el Acuerdo que consistía, fundamentalmente, en reemplazar la CP80 a través de una Convención Constitucional electa ciudadanamente. La defensa que de él realizaron tanto Revolución Democrática como Gabriel Boric y otros sectores del Frente Amplio tenía como objetivo recuperar la estrategia política-electoral trazada en 2017, que consistía ganar a través de los mecanismos institucionales del régimen democrático protegido la presidencia de la Republica. 
La violenta irrupción de las y los ciudadanos populares rebeldes en octubre de 2019, su masividad y potencia política que arremetía y agrietaba las estructuras de dominación neoliberal que amenazaba por derrocar al gobierno de Piñera y derrumbar tanto al régimen político como al sistema de partidos vigente, comprometía seriamente la estrategia electoral del Frente Amplio y de Gabriel Boric. 
Había que salvar la “democracia protegida” aunque ello significara aliarse con los partidos que habían gobernados los últimos 30 años. En función de ello el Frente Amplio asumió una posición crítica y de rechazo a las acciones de las y los ciudadanos rebeldes, especialmente, de la denominada, Primera Línea. Sin ningún problema político y ético criminalizaron la protesta y apoyaron leyes represivas patrocinadas por el gobierno de Piñera. Hasta el día de hoy decenas de jóvenes encarcelados producto de la leyes represivas aprobadas con los votos de las y los parlamentarios de FA. De allí que la principal demanda social al momento de iniciarse el gobierno de Apruebo-Dignidad es “libertad a todos las y los presos de la revuelta”.
El objetivo político del FA, en función de su estrategia electoral de conquistar el gobierno, era desbaratar la rebelión social y sacar de la escena pública a las y los ciudadanos rebeldes, y que estos regresaran a la marginalidad política.  Para el FA era urgente que la “política” volviera a los cauces institucionales por los cuales había transitado en los últimos 30 años. El quiebre de ella por parte de la rebelión ponía en peligro dicha estrategia, el conflicto social o la lucha de clases abierta en Octubre de 2019, debía institucionalizarse, o sea, encerrarse en la “jaula de hierro” de la Constitución Política de 1980. Así como la Alianza Democrática, el Bloque Socialista y algunos sectores del Movimiento Democrático Popular, entre 1986-1988, optaron por “refugiarse en la institucionalidad autoritaria” como una forma de solventar y sostener su estrategia de “derrota política” a Pinochet, sin provocar el derrumbe de la dictadura. El FA, se refugio en la espuria institucionalidad política producida por el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución de noviembre de 2019. 
Ahora bien, por eso, el calendario electoral establecido en la Ley 21.200 de diciembre de 2019, a objeto de cumplir con el Acuerdo, abrió la estructura políticas de oportunidades para que la estrategia electoral del FA y de Boric, continuara su marcha. Aunque, antes consolidarla, era necesario resolver favorablemente algunos obstáculos que el escenario político de la coyuntura critica de la rebeldía había establecido. Entre los cuales estaba modificar su política de alianza del FA, definir su postura ante el plebiscito de entrada, programado para octubre de 2020, levantar un candidato a la presidencia y participar en las elecciones “primarias” para establecer el candidato de la “izquierda”. 
La definición de izquierda del FA es bastante discutible y solo comprensible en relación a su posición en el escenario político del bipartidismo “mentiroso” dominante en la democracia protegida. El cual estaba conformado por dos grandes alianzas partidistas que habían monopolizado la representación política en los últimas tres décadas: Chile Vamos (la derecha: Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente, y Evopoli) y la centro-izquierda (CDP). Y desde 2017, una “nueva izquierda”, que la constituyen el FA y el Partido Comunista de Chile, que actualmente se agrupan en la alianza Apruebo Dignidad. 
Decimos que la definición de izquierda del FA, especialmente, de sus partidos hegemónicos, Revolución Democrática y Convergencia Social, es muy discutible, pues estos partidos no tienen una posición anticapitalista ni antineoliberal de carácter radical ni tampoco abogan por una sociedad socialista, sino más bien, se trata de un conglomerado de partidos y movimientos progresistas, socialdemócratas y liberales sociales. Por su extracción social, el FA, se definiría como un conjunto de partidos y movimientos políticos vinculados a las capas medias neoliberales, profesionales universitarios, pequeños y medianos empresarios, comerciantes, etcétera.  El FA carece de una base social popular, en otras, “la plebe” no milita ni adhiere al FA. Su matriz de origen pequeña y mediana burguesa lo aísla de los sectores trabajadores y populares. 
Por esa razón, para que la estrategia electoral tuviera éxito debía aliarse con algún partido que le proporcionara esa base social o que le abriera los espacios territoriales populares. 
Esto último explica que la alianza con el Partido Comunista de Chile y otros sectores de la izquierda social que se habían aglutinado en la Comando Chile Digno para el apoyar la opción Apruebo en el Plebiscito de entrada en octubre de 2020. El amplio triunfo del Apruebo con el 78% de las preferencias ciudadanas en dicho plebiscito dejo en evide

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