Explosión popular desata paquete fondomonetarista del gobierno

En medio de la prolongada recesión económica que vive el Ecuador desde el segundo semestre del 2014, cuyos inicios se atribuyen al fin del llamado “largo ciclo de las materias primas”, agravado por los efectos del derroche irresponsable, la improvisación y la corrupción que caracterizaron al gobierno anterior, el Presidente Lenín Moreno al anunciar, el martes 1 de Octubre, el paquete de medidas económicas, de corte neoliberal, en acatamiento a las políticas de condicionalidad firmadas con el Fondo Monetario Internacional, a cambio de un préstamo de 4.200 millones de dólares, activó la espoleta que desató la explosión popular, de larga duración, que se mantiene en las provincias ecuatorianas de la sierra central y norte donde viven los campesinos e indígenas más pobres del Ecuador. 
La paralización de los servicios de transporte, anunciada por sus dirigentes gremiales, fue la primera respuesta, a la que se sumó, casi de modo simultáneo, la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, varias organizaciones sindicales y populares, los movimientos ecologistas, las organizaciones de mujeres, los maestros, los estudiantes universitarios y esa enorme mayoría de trabajadores informales que hacen milagros para sobrevivir,  todos unidos en la exigencia de que se derogue el paquete de ajuste estructural que, en esencia, pretende descargar los impactos de la crisis económica sobre los hombros del pueblo trabajador, la clase media y los más pobres.
Las medidas violan los derechos constitucionales
Las medidas de ajuste no sólo implican la elevación del precio de los combustibles, que dispararán aún más los altos precios de la canasta básica y los servicios esenciales, sino también otras políticas recesivas como la renovación de los contratos ocasionales con un 20 % menos de remuneración, que afectará a decenas de miles de empleados públicos y maestros que fueron sometidos a esta forma de precarización laboral por el correismo; la reducción de las vacaciones anuales de los trabajadores públicos y privados de 30 a 15 días; el aporte obligatorio de los trabajadores públicos de un día mensual de su salario; la reducción de la inversión pública, donde ya se han perdido 260 mil plazas de empleo adecuado; y, la exigencia de que se moneticen los activos públicos, es decir, concesionar o privatizar las empresas públicas más rentables del País, lo que podría determinar que el Ecuador se transforme en un Estado Fallido que no pueda atender las necesidades básicas de educación, salud, vivienda y seguridad social.
El gobierno de los empresarios
“El gobierno de todos”se transforma de modo descarado en el gobierno al servicio de los empresarios, cuyos grandes grupos económicos fueron los mayores beneficiarios durante los 8 primeros años del correismo, ahora, su sucesor, Lenín Moreno, empezó por condonarle más de 3.000 millones de dólares, de los 4.295 millones que registraba el SRI por evasión tributaria, a mayo del 2018, ya que el Servicio de Rentas Internas presentó como un logro haberles cobrado 1.200 millones de dólares. Adviértase que la suma del préstamo del FMI es igual a la suma condonada, más intereses y multas a las grandes empresas. En suma y para mayor claridad si se cobraba a los empresarios no habría sido necesario el crédito condicionado del Fondo Monetario Internacional. 
Pero la voracidad de la gran burguesía no tiene límites y por ello, adicionalmente, se les elimina el pago del anticipo del Impuesto a la Renta; se eliminan o reducen los aranceles para la importación de equipos, maquinaria y materia prima, tanto agrícola como industrial; se eliminan los aranceles para la importación de teléfonos celulares, tabletas y computadoras; se reduce y simplifica el pago del Impuesto a la Renta de los bananeros; se reduce a la mitad el impuesto a la salida de divisas, para materias primas, insumos y bienes de capital; y, las empresas que perciben anualmente más de 10 millones de dólares, pagarán por tres años una contribución especial, que totaliza unos 300 millones, es decir la décima parte de lo que recibieron por condonación de deudas. 
En las condiciones descritas, el pueblo trabajador y los sectores empobrecidos del País se han acogido al derecho a la resistencia, consagrado en el Artículo 98 de la Constitución de Montecristi, pues consideran que la aplicación del paquete de medidas anunciadas, a las que deberán sumarse las que se tramiten en la Asamblea Nacional, agravarán los problemas estructurales que impactan sobre la mayoría de la población: la desocupación, el subempleo, la desnutrición, la pobreza y la creciente inseguridad que se extiende por la ciudad y el campo. 
El gobierno de Lenín Moreno pudo cobrar las deudas establecidas por el SRI, pero además tenía y tiene otro enorme filón de recursos para evitar el efecto de shock que tienen siempre los ajustes estructurales recomendados por la  burocracia internacional – impávida y cínica – del FMI, ese filón era el de cumplir con sus promesas de “hacer una cirugía mayor contra la corrupción”, y como parte de la misma formar una comisión internacional, con especialistas de la ONU, siguiendo el ejemplo de Guatemala, para recuperar los miles de millones de dólares que se robaron en el gobierno anterior, pero, a éstas alturas de la historia, esas promesas, como lo dijo Jorge Rodríguez, de la Comisión Cívica Anticorrupción, fueron “un chiste de mal gusto que nos repiten para ocultar una inacción manifiesta” y para colmo hasta los asambleístas se negaron a tramitar una ley que permita la incautación de los bienes y dineros robados al Estado, demostrando que una buena parte de políticos criollos son cómplices del Estado predatorio que hace posible la impunidad y con ellas la destrucción de los tejidos básicos de la República.
El Estado de Excepción
El estallido popular, que se produjo pocas horas después del anuncio presidencial, ha sido interpretado por el gobierno como un casus bellis para decretar el Estado de Excepción en todo el territorio nacional, por 60 días, acogiéndose a lo dispuesto en los artículos 164, 165 y 166 de la Constitución de la República, lo que le ha permitido militarizar el País y amenazar con una represión más violenta que la que se produjo, sobre todo, el jueves 3 de Octubre, en Quito y Guayaquil, en la que hubo 350 detenidos y decenas de heridos.
La vigencia del Estado de Excepción, atizado por el discurso violento del Ministro de Defensa, ha cobrado las primeras víctimas en la parroquia de la Esperanza de la provincia de Imbabura. Ojalá los soldados de la Patria se nieguen a utilizar sus armas contra su propio pueblo, como quería el Libertador y como ha sido buena parte de la tradición histórica de nuestros militares.
El estallido popular no fue un hecho aislado, pues estuvo precedido de movilizaciones y paros en varias provincias de la Amazonía y la Sierra: Pastaza, Sucumbíos, Azuay, Bolívar, Carchi,   antes del anuncio del último paquete de políticas de ajuste.
La conmoción social que vive el País ha puesto al desnudo la aguda lucha de clases: las cámaras de la producción y  el movimiento CREO, que dirige el banquero Guillermo Lasso, han manifestado su abierto apoyo a las medidas adoptadas por el gobierno; los socialcristianos, en una rueda de prensa convocada por Jaime Nebot, han manifestado su desacuerdo puntual con el retiro de los subsidios a los combustibles; lo que podríamos llamar “el correismo duro” trató de pescar a río revuelto pidiendo la renuncia del Presidente y la de los asambleístas para que se convoque de inmediato a elecciones generales. 
Del lado popular movimiento indígena mantiene bloqueadas las principales carreteras de las provincias del centro y norte de la Sierra Ecuatoriana y avanzan por las cumbres andinas a la Capital del País donde se anticipa que llegarán el miércoles 9 de Octubre para sumar fuerzas con el Frente Unitario de Trabajadores en el que militan miles de trabajadores fabriles y de los servicios. 
Las condicionalidades del Fondo Monetario implican además que el Gobierno debe tramitar algunos de los cambios en el Parlamento. No se sabe si el gobierno, en medio del complejo panorama social, contará con los votos necesarios para hacer las reformas.
La victoria debe ser de nuestro pueblo
El panorama social y político de los últimos días nos recuerda las complejas circunstancias que se vivieron, durante un cuarto de siglo, en la lucha de resistencia contra el neoliberalismo, una de cuyas consecuencias fue el atraco bancario y financiero y la migración de un millón y medio de ecuatorianos a Europa. La victoria final pareció ser entonces de los trabajadores y el pueblo, pero el caudillismo correista impidió que así fuera. Ahora ha vuelto el tradicional dominio imperial y los apetitos insaciables de una burguesía subordinada a los viejos y destructivos esquemas de las políticas neoliberales. Tenemos a nuestro favor la experiencia acumulada en la lucha contra los mismos adversarios. Ojalá los sectores populares: obreros, campesinos , indígenas, maestros, estudiantes, ecologistas, mujeres, artesanos y pobladores de las barriadas empobrecidas no se dejen entrampar por los sectores en pugna de la clase dominante y sean capaces de construir, en medio de la lucha, alternativas de gobierno popular que suspendan de inmediato la Carta de Intención firmada con el Fondo Monetario Internacional y llamen a juicio y sancionen de modo ejemplar a los exgobernantes que saquearon la República y parieron, mediante el fraude, al desgobierno que hoy tenemos.