Perú: Estanflación, apocalipsis en ciernes

Foto: Juanpa Azabache/Presidencia Peru/

 
Nada sencillo para el señor Castillo
 
30 años de neoliberalismo en el Perú, muestra su lado más cruel cuando sus “éxitos” no han sido capaces de responder ni a la pandemia, ni a los impactos de la guerra en Ucrania. La economía de este país, ha sido organizada asegurando que los ricos sean más ricos y los pobres sean más y sean más pobres.  Por si fuera poco eso, ha logrado que importantes sectores de la sociedad civil vea impasible la corrupción y el individualismo rampante. En ese marco de profunda crisis política, moral y económica, proponemos las siguientes tesis de interpretación de la economía peruana.
 
1. El PBI del Perú es apenas el 0.26% del PBI mundial. Su población no representa ni el 0.44% de la del planeta. Respecto a Latinoamérica (LA) es 3.8% del total, en tanto Brasil y México concentran más del 50% del PBI regional.  Esa pequeñez, se agrava cuando se constata que es uno de los países más dependientes del mercado internacional como país primario exportar, especialmente de minerales, cuya primacía pospuso todo intento de desarrollo interno en sectores estratégicos como la manufactura y agricultura para alimentación. 
 
Luego de la brutal caída del PBI en 2019-2020 (11%) por efectos de la pandemia, el 2021 la economía recuperó su nivel previo aunque con severas dificultades para alcanzar a reponer los empleos perdidos. El 13% de crecimiento del PBI de 2021, “rebote estadístico” le llaman desdeñosamente algunos analistas, fue un resultado expectante en el Perú y Latinoamérica, hecho que no evitó el aprovechamiento de los dueños de los medios de producción para reducir “costo laborales”. Para 2022, la incertidumbre y la desconfianza derivada de la compleja situación política que atiza el desgobierno, no solo ha minado la credibilidad de Castillo, sino ha terminado por debilitar aún más las posibilidades de contención de los impactos que vienen del exterior. Según el último “Reporte de Inflación” (RI), ritual informativo del Banco Central de Reserva (BCR), el 2022 el PBI apenas crecerá el 2.3%, aunque la banca local predice 2%, con reservas. 
 
2. La pequeñez de la economía peruana, no fue óbice para que la prensa ligada al modelo, la exhiba como una de las más exitosas de LA. De allí el jolgorio de algunos  “analistas” cuando los precios de los commodities  están “por las nubes”, pues eso seguirá manteniendo los halagos al modelo y congratulaciones al Perú que se “beneficiará” de los “buenos precios”. En realidad se benefician las empresas transnacionales que concentran la producción y comercialización, obteniendo sobre ganancias por las cuales se niegan a pagar un impuesto justo y razonable. El boom de los precios de los metales, ha sido el principal factor del crecimiento de la economía peruana en esta última década, aunque en todo el período del neoliberalismo, el carácter primario exportador siempre tuvo el rol de “locomotora” de la economía, mirando al exterior como la panacea y única opción de desarrollo. La pandemia mostró la extrema fragilidad de los cimientos sobre los que reposaba el “exitoso” modelo. 
 
3. El BCR, dizque para contener la inflación (6.6%), ha subido la Tasa de Referencia hasta 4.5%, habiendo estado en 2.5% hace 4 meses, elevando sustantivamente el costo del dinero que impactará en la actividad económica, de por sí ya golpeada. Esta medida, desesperada para muchos analistas, está destinada a alcanzar el rango meta (1-3%), previsto para diciembre 2022, aunque luego se anuncia que eso ocurrirá recién en el segundo semestres de 2023. Bajo estas circunstancias, el Perú puede exhibir un lugar de privilegio en el ranking de quienes combaten la amenaza de la inflación con dinero caro.  EEUU, por ejemplo, pese a que sus tasas de inflación son mayores a las que tiene el Perú, su tasa de referencia se anclado en 0.5%, mientras su inflación sobrepasa el 7%. O sea, para el tío Sam, no es una buena idea encarecer el dinero para detener el galope de la inflación.
 
Si bien la inflación promedio es 6-6%, la que recae sobre las clases medias y populares sobrepasa largamente el 11%, dado que su gasto privilegia los alimentos y bebidas (Pollo, pan, fideos, arroz, aceites, leche y huevos). Elevar el costo del dinero impactará en los procesos productivos y de inversión que venía saliendo de la crisis, especialmente la inversión privada que el 2021 creció en más del 34% en relación a 2020, y en más del 12% respecto de los niveles pre pandemia. Con las medidas del BCR, ese ritmo no se mantendrá. Lo que viene, según los entendidos, es menos producción de bienes y servicios pero con la misma demanda alcanzada a la fecha, por tanto inflación asegurada. 
 
Reconociendo que la inflación se debe sobre todo a factores externos, también revela la debilidad del mercado interno, absolutamente incapaz de responder a los impactos derivados de los precios en el mercado internacional. 
 
4. A 9 meses del gobierno de Pedro Castillo, la ciudadanía percibe como su principal característica el haber “arriado” las banderas con las cuales le pidió el voto y su penosa incompetencia en la gestión.  Todo parece indicar que el país se dirige al escenario menos deseado: estanflación. El deterioro de las condiciones que favorecían el desarrollo de las actividades productivas, la disminución de los niveles de producción y productividad, la baja competitividad empresarial, la inflación galopante y la fuga de capitales, entre otros, estarían configurando un escenario en el cual la inflación, recesión y desempleo serán los principales protagonistas.  Si sumamos la corrupción y las mafias que controlan sectores claves de la economía, así como la complejidad del paro de transportistas, la protesta generalizada de la población en sus más diversos segmentos, la especulación y el desenfado de los monopolios, no hay duda de que la estanflación parece inminente.
 
5. Tras cuatro años transcurridos desde el último ajuste, el gobierno acaba de subir la Remuneración Mínima Vital (RMV) de 930 a 1025 soles. O sea el 10% nominal que no alcanza para recuperar la pérdida acumulada de su poder adquisitivo. Pese a ello, el empresariado dijo que la medida es populista y contribuirá al crecimiento de la informalidad. Esta cantaleta, como en otras ocasiones, no tiene ningún asidero y no hay registro verificable que demuestre tal afirmación. Quienes sostienen esa tesis ocultan que  la formalidad en el mundo laboral es cada vez menor por causas que tienen que ver con el modelo económico bajo dominio de monopolios y oligopolios, no tanto con la RMV.  
 
6. El presidente Castillo prometió por todo lo alto la “Segunda Reforma Agraria” (la primera fue del gobierno reformista del General Velasco Alvarado). Esta vez, a diferencia de la primera, dedicada a romper el orden oligárquico y entregar la “tierra a quien la trabaja”, se prometía dotar de condiciones de infraestructura, tecnología y financiamiento a la producción de miles de pequeños y micro productores agropecuarios sometidos al poder de los monopolios en las esferas de la producción (GLORIA, por ejemplo) y comercialización de productos destinados a la alimentación (VEA, WONG, etc.).  
 
Lamentablemente, las promesas siguen en ese estatus, el agro sigue abandonado y, entre otros, la producción lechera nacional, sometida al control y dominio de la transnacional “Gloria”, que prefiere importar leche en polvo a 2.80 soles, en lugar de comprar la producción lechera nacional que, abusivamente, compra a 1 sol/litro. Según el Ministerio de Agricultura, el Perú produce suficiente leche fresca para atender la demanda de la transnacional que argumenta lo contrario. Lo que está claro es que los intereses económicos y las ganancias priman antes de que el precio justo a miles de productores y el desarrollo del mercado interno. 
 
Esa estructura de producción y comercialización de la leche, como en muchos casos y sectores, no podrá ser modificada mientras no se modifique la protección constitucional de la que gozan el abuso y prepotencia de los monopolios y oligopolios, su posición de dominio no solo alcanza a los procesos económicos sino, con toda su fuerza, a los procesos políticos. Recientemente, el gobierno acaba de aprobar un “Plan de emergencia Agrario” con el objetivo “contrarrestar la amenaza a la seguridad alimentaria que viene del exterior” (DS 003-2022 del MINAGRI) solo por 120 días. Aunque parece una broma, pero así es, solo por 120 días, plazo en el que ningún emprendimiento agrario podría darse. 
 
7. La disparada del precio de los fertilizantes (más del 100% en menos de 2 meses) es un golpe brutal para millones de agricultores que, obligados por el modelo y grandes intereses, tuvieron que optar por importar dicho insumo en lugar de usar lo que se tiene en casa, el guano de isla. Esta situación enerva a los agricultores y ganaderos, sobre todo cuando son ellos los que, en tiempos de pandemia, jamás dejaron de abastecer a los mercados del pueblo.  Se las arreglaron para que su producción continuara a pesar de las restricciones, por lo que la gente tenía qué comer, mientras no era víctima de la inflación.
 
Ese extraordinario esfuerzo y solidaridad del pequeño productor, inimaginable en los monopolios, nunca fue reconocido por el Estado, o lo era de manera estúpida con paliativos que no lograban detener el proceso de destrucción de la pequeña producción alimentaria y la producción familiar.  Con lo de los fertilizantes, el olvido del estado alcanzaba otro nivel de crueldad. Siendo el Perú  uno de los países que más guano de isla tiene en sus costas, se ha preferido favorecer a los grandes negocios de fertilizantes, y se dejó de extraer el guano. Esperemos que el gobierno recapacite y vuelva a extraer el guano de isla. 
 
8. La minería es, en este modelo, el principal motor del crecimiento económico en el Perú. En los últimos diez años, aportó cerca del 9% del PBI; 59% de las exportaciones; 15% de la inversión privada y 10% de los ingresos tributarios. Durante la pandemia, y luego de ella hasta la fecha, la inversión minera es la única que se mantuvo y llegó a niveles históricos en producción y beneficios. Un mercado internacional con precios al alza en los minerales (US $ 4.7/libra, sin precedentes), genera enormes utilidades, sobre ganancias, pero que no revierten en el país, salvo en los montos y condiciones que las mineras deciden, sin lugar a reclamos por parte del país porque están amparados por “contratos-Ley” protegidos por la Constitución.   
 
Estos días, la Southern Perú Copper Corporation (GRUPO México), se vio obligada a paralizar sus operaciones por un súbito desabastecimiento de agua en el complejo minero. El agua, de fuentes superficiales y subterráneas localizadas en tierras comunales habrían sido sobre explotadas por la minera, generando graves impactos ambientales que terminaron afectando la producción ganadera y agrícola de la zona que ocupan 4 Comunidades Campesinas: Tumilaca,  Pocata,  Coscore  y Tala. 
 
Luego de haber agotado todo esfuerzo por llegar a soluciones de conveniencia y respeto mutuos ante el Estado y la Empresa, las comunidades decidieron cortar el suministro de agua para las operaciones mineras mientras no se repare los daños causados duran los 50 años de explotación minera en sus tierras, los mismos que se estiman en US $ 5 MM. Ante el reclamo, la empresa está exigiendo al gobierno de Castillo una “solución política definitiva” que le permita seguir explotando cobre y lo exonere de pagar la reparación requerida por las comunidades.  
 
9. Con el objetivo de parar el galope inflacionario, el Ejecutivo decidió exonerar del Impuesto General a las ventas (IGV) a 6 productos de la canasta básica familiar. Luego, ante el caos y zozobra generado por la paralización del transporte de carga pesada y, días después, del transporte multimodal, el gobierno optó por el eliminar el absurdo impuesto selectivo al consumo (ISC) a los combustibles de 84 y 90 octanos, mientras que mediante otra norma  se incorpora por tres meses la gasolina de 84 y 90 octanos y el gasohol de 84 octanos en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles Derivados de Petróleo (FEPC). Todas son medidas transitorias.  
 
Estas medidas resultan insuficientes para parar el proceso inflacionario si se tiene en cuenta el 40% de alza en los precios de los combustibles solo en 2022, tampoco servirá para detener la ola de protesta social que está en pleno desarrollo. Si bien la renuncia a ciertos tributos podría afectar la caja fiscal, lo más grave en estas medidas tiene que ver con las dificultades de que los beneficios lleguen a los consumidores finales. Lo más seguro, como dice la historia en esta materia, es que esos tributos no percibidos por el Estado irán a parar a la cajas de grandes intermediarios. El problema, entonces, no es solo de más o menos impuestos, sino de  la forma cómo se apropia de los excedentes generados en el Perú, claramente concentrados en pocas manos al amparo de un sistema tributario regresivo, la creciente desigualdad y pobreza, etc.
 
Y he aquí la cereza de la torta, el Legislativo se encarga de embarrar cualquier atisbo de soluciones emprendida por el Ejecutivo.  Mientras éste dispuso la reducción del IGV de productos alimenticios en la canasta familiar, el Congreso acaba de promulgar una Ley, por insistencia de los poderes de facto, que la exoneración también alcance  al “lomo fino, ganso, faisán, gallina de Guinea, carne importada, leche condensada, lasagna y ravioles” que, por donde se le mire, no son parte de la canasta básica familiar sino de la canasta consumista del que tiene plata.  Ese es el Congreso del Perú.
 
10. El Perú es el paraíso de monopolios y oligopolios.  Por ahora, mencionemos los monopolios que tienen que ver directamente con la canasta básica familiar: el negocio del pollo, el azúcar, la leche, el gas licuado de petróleo y telecomunicaciones. El pollo, de consumo masivo, está en manos de tres grandes distribuidoras que manejan el mercado y el precio de manera discrecional; igual el azúcar y la leche, en manos de la transnacional Gloria que maneja más del 80% del mercado nacional de lácteos y azúcar; el 80% del volumen de GLP que se distribuye en el Perú está en manos de PLUSPETROL; las telecomunicaciones en manos de 3 empresas, pero principalmente de telefónica de España;  y cínicamente, todos los adláteres de estas empresas rinden culto a las normas del mercado, asegurando que en el Perú hay “libre mercado y competencia perfecta”.  Para no mencionar el poder monopólico en los medios de comunicación masivos, del servicio de carreteras, etc., pobre Smith, cuánta basura cae sobre su teoría.
 
Ante la protesta generalizada, el gobierno se vio obligado a presentar una iniciativa legislativa para neutralizar la acción depredadora de los monopolios. Lamentablemente, dicha iniciativa es un nuevo intento de “reforzar la prohibición de monopolios y otras prácticas contrarias a la libre competencia” que está establecido en normas que no se aplican o se aplican con el “permiso” de los monopolios. Esta vez, la iniciativa se reduce a 2 artículos que buscan modificar el artículo 61 de la Constitución, mientras eso ocurra los monopolios seguirán haciendo de las suyas “según los principios y fines de la economía social de mercado”.  Toda una burla, sobre todo cuando hace un año se aprobó una Ley Antimonopolios.
 
11. El tema de los peajes es otro mecanismo de robo “legalizado” a la ciudadanía por parte de  un monopolio absoluto en la operación y mantenimiento de las carreteras en el Perú. Es un verdadero asalto a los bolsillos de camioneros, buses y todo ciudadano que cometió el “delito” de comprarse un auto y atreverse a salir un fin de semana fuera de Lima. Le costará caro porque cada 80 km, en promedio, encontrarán una caseta de peajes administrada por concesionarias que van hasta el 2040, sin posibilidad de ser revisados porque es un “Contrato Ley”, amparado por la Constitución de 1993, esa que no quieren modificar los dueños del Perú. Castillo, lamentablemente, sucumbió ante la presión de la derecha ultra conservadora y abandonó, entre otros, la bandera de una Nueva Constitución por la que votaron la mayoría de los peruanos.
 
CONCLUSION
Lo patético de aquel escenario es que “el Perú tiene plata”.  En verdad, la frase no alude a una invención sin sustento. El Perú tiene una de las reservas internacionales netas más altas de Latinoamérica: US $ 80 MM que representa más del 40% de su PBI. Ningún otro país de la región podría mostrar este nivel de RIN y, con ello, estamos entre los 23 países del mundo que ostentan esos niveles de reserva líquida. Lo que resulta extraño es que no puede usarla para evitar el enfriamiento de la economía ni para detener la inflación.
 
Si a esas reservas le añadimos una balanza comercial positiva hace muchos años, no queda dudas de que “Perú tiene plata”. Por ejemplo, en 2021 el saldo neto fue de US $ 14,800 Mills, y en 2022 se espera  US $ 16,299 Mills.  Si bien no somos unos “mendigos sentados en un banco de oro” (Raimondi), podríamos decir que somos unos ciudadanos que tenemos plata ahorrada pero que, por disposición de nuestro cajero solo sirva para pagar la deuda externa.
 
Lamentablemente, nada de lo que está haciendo este gobierno podrá contener la inflación que galopa, mientras la pobreza seguirá aumentando y superará el 30% de la población en esa situación, mientras que la población en situación de extrema pobreza superará el 20%, según estimaciones recientes. 
 
Los anuncios de crecimiento de PBI en el orden del 2.3%, con tendencia a la baja en los próximos reportes, no alcanza para recuperar los niveles de empleo pre pandemia y menos generar nuevos puestos de trabajo para los 200 mil jóvenes que se incorporan al mercado laboral. Lo paradójico de esta situación es que, la economía se enfriará a pesar de que la inversión privada ha tenido repuntes importantes luego de la pandemia. En 2021 se registró un crecimiento del 34.5% que, no solo es un rebote de la caída que tuvo en 2020 (16%), sino un crecimiento real que supera incluso los niveles pre pandemia.  Así que, los agoreros de la “desconfianza empresarial” no tienen cómo explicar esa falacia. 
 
El Perú, confía, terco en su esperanza, de que Castillo de pasos hacia una solución que se reduce a dos opciones: o, recupera las banderas con las que fue elegido y las pone en marcha en forma de Políticas Públicas; o, convoca a elecciones generales para resolver la crisis política, económica y social en la que se encuentra el Perú.