¡Alto a la guerra contra el MST de Brasil!

¡Alto a la guerra contra el MST de Brasil!

Por Pablo Rojas – México
A partir de información del propio MST, a continuación publicamos un artículo sobre la situación por la que atraviesa el Movimento Dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra)- MST en su lucha por recuperar lo que por derecho le pertenece: la tierra.
Brasil es un país donde existe una de las peores distribuciones de la tierra. Concentrada en pocas manos, se habla de que existen latifundios del tamaño de Portugal. Esto ha generado una desigual distribución del ingreso, ya que, a pesar de ser uno de los países más ricos del mundo, partiendo de sus recursos naturales, la extensión de la pobreza es impresionante.
El MST, desde su surgimiento, en enero de 1985, puso el dedo en la llaga sobre el problema fundamental de ese país: la existencia del latifundio, ligado siempre a las peores causas de ese gran país, fuente de corrupción y violencia.
Por eso, ha concentrado el odio de los poderosos y de los que le hacen el juego a los poderosos. No deja de llamar la atención que, incluso, cuando la izquierda llega al poder, el último punto que les interesa es el de la tierra, es decir el de los campesinos, es decir, muchas veces, el de las comunidades originarias. Con todos los pretextos, tanto jurídicos como políticos, se ha buscado tocar lo menos posible a esa vieja oligarquía ultra reaccionaria que ha sumido en el atraso y la marginación a millones de latinoamericanos.
Esa no ha sido la excepción en el caso de Brasil, donde, pasando por encima de sus promesas, Luis Inacio da Silva, Lula, no ha repartido la tierra que se comprometió durante su campaña electoral. Ahora, no se trata simplemente de no repartir la tierra, sino de desatar una guerra en contra del movimiento social más importante de Brasil y uno de los más importantes del mundo. Esa es la guerra del capital en contra del trabajo por el control de la tierra, el territorio, el agua, el aire, la selva.
En una entrevista reciente uno de los dirigentes históricos del MST, Joao Pedro Stedile, identificaba con precisión a su enemigo, decía: “Para nosotros, desde Vía Campesina, es muy fácil, porque nuestros enemigos de clase son claros: los latifundios, los bancos, las empresas transnacionales, los grandes monopolios… Entonces nosotros acumulamos haciendo lucha de masas contra los enemigos de clase”.
A nuestros hermanos del MST les decimos que desde acá, desde México, cuentan con nuestro apoyo y solidaridad en su lucha por conquistar la tierra y defender su territorio, libre de transgénicos y con una lógica anticapitalista.

La guerra contra el MST
La estrategia tanto del gobierno federal de Brasil como el del estado de Río Grande del Sur, de criminalizar e incluso buscar la “ilegalización” del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) está en uno de sus puntos más agresivos. Apenas en el mes de junio de este año, en ese estado, fueron reprimidas dos manifestaciones del MST y desalojados dos de sus campamentos en la zona.
Las acciones represivas de las autoridades, que buscaban impedir que se encontraran dos columnas de manifestantes del MST en el municipio de Coqueiros del Sur (estado de Río Grande), fueron orquestadas por el Estado Mayor de la Brigada Militar do RS, en conjunto con el Consejo Superior del Ministerio Público del Estado de Río Grande del Sur y el Ministerio Público Federal, explicó en un comunicado el MST.
El gobierno del estado de Río Grande del Sur, en Brasil, decretó y consumó el desalojo de unas 300 personas de los campamentos del MST en la región, a partir de una solicitud del Ministerio Público del estado, en la que se señala que el MST ha cometido “crímenes contra la seguridad nacional” y que se trata de una “organización paramilitar”. Durante el desalojo de los campamentos del MST, en el municipio de Coqueiros del Sur, las autoridades destruyeron “viviendas, plantaciones, criaderos de animales, el puesto de salud y la escuela construida por los sin-tierra”, según un reporte de Alai-Amlatina. En las acciones participaron unos 500 soldados de la Brigada Militar, quienes desalojaron a los miembros del MST de tierras legalmente ocupadas en las inmediaciones de la Hacienda Guerra.
Las autoridades de Río Grande del Sur justificaron así las acciones militares de desalojo: “No se trata de remover campamentos, sino de desmontar las bases que el MST usa para cometer reiteradamente actos criminales”, en donde “están practicando violencia y nada más”.
A partir de esto, el Consejo Superior del Ministerio Público Estatal de Río Grande del Sur pidió también, a través de un informe, la “disolución” del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), y la “declaración de su ilegalidad”.
El intento de criminalización del MST por las autoridades brasileñas parte de burdas acusaciones como la difundida por dos funcionarios del Ministerio Público estatal en donde señalan que los campamentos del MST son “verdaderas bases operacionales destinadas a la práctica de crímenes e ilícitos civiles causantes de enormes perjuicios” en contra de “toda [la] sociedad”, y que son  “semilleros de ilicitudes que a estas alturas no se puede tolerar más”, deslizando la acusación -no de manera directa, pero igualmente torpe- de que el MST tiene vínculos con organizaciones armadas del continente. Además, en marzo de este año, el Ministerio Público, esta vez el federal, acusó al MST de intentar construir un “Estado paralelo” con la existencia de sus campamentos, y de que supuestamente estarían siendo entrenados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otras organizaciones “extranjeras”.
Pero eso no es todo. También, las autoridades brasileñas a través del Ministerio Público decidieron “la intervención en las escuelas del MST con el fin de tomar medidas que serán necesarias para la reinstauración de la legalidad, en lo que se refiere al aspecto pedagógico y a la estructura de influencia externa del MST”.
Ante estos graves ataques, el MST ha dicho que están “sufriendo una verdadera ofensiva de las fuerzas conservadoras en el estado de Río Grande del Sur, que no sólo no quieren ver la tierra redistribuida, como manda la Constitución, sino que además quieren criminalizar a quienes luchan por la reforma agraria e impedir la continuidad del MST”.
El comunicado del MST también señala que, para intentar criminalizar su lucha, “esas fuerzas políticas que defienden en realidad poderosos intereses de los grupos económicos y de empresas transnacionales, que se están instalando en el estado para controlar la agricultura, y los latifundistas, están representadas hoy en el gobierno de la Sra. Yeda Crusius, en la Brigada Militar (policía del estado), en el poder judicial local y en el poder del monopolio de los medios de comunicación”.

En otra parte de su comunicado, el MST da un dato alarmante: las acciones e iniciativas de la Brigada Militar, que fue utilizada para impedir que se encontrasen tres marchas del MST, “no ocurrían en Brasil desde que terminó la dictadura militar brasileña, por lo que atentan en contra de la Constitución Federal de 1988, que prohibió a las policías militares actuar en investigaciones judiciales de movimientos sociales y partidos políticos”.
La Brigada Militar ya antes había caracterizado al MST y a Vía Campesina “como movimientos que dejaron de realizar actos típicos de las reivindicaciones sociales para orquestar actos caracterizados como acciones delictivas”.
La estrategia de criminalización del MST por parte de los gobiernos federal y estatal, está avalada por informes de las fuerzas militares brasileñas y por terratenientes del estado de Río Grande del Sur. El MST denuncia que muchas de las acusaciones y de las tesis en las que se basan las autoridades judiciales, fueron elaboradas “por el propietario de la Hacienda Guerra, integrante de la organización de ganaderos FARSUL, en 2005, y ratificadas por el Coronel de la Brigada Militar, Valdir Cerutti Reis, integrante de la dictadura militar brasileña, quien actuó como agente infiltrado por un periodo de dos años en el campamento Natalino, utilizando el alias de Toninho”.
Para organizaciones de derechos humanos y para el propio MST, las acciones tanto de la Brigada Militar como las de los ministerios públicos federal y municipal, son claramente violatorias de la Constitución y son absolutamente ilegales y forman parte de esa campaña que busca la extinción del Movimiento Sin Tierra.
El MST no está sólo, y así lo demuestran las miles de cartas que han llegado a las autoridades brasileñas, solidarizándose con los compañeros del MST y exigiendo el cese de las acciones intimidatorias y judiciales en contra de sus miembros.