Presidencialismo hirsuto

23/10/2007
Por Ricardo Sánchez Ángel – Profesor asociado Universidad Nacional de Colombia, Profesor titular Universidad Externado.
Tantas actuaciones torcidas por parte del presidente Álvaro Uribe, sus ministros de Defensa y Gobierno en las últimas semanas, tantos abusos de poder, maledicencia y calumnias contra los periodistas Gonzalo Guillén y Daniel Coronell, a quienes atacó en emisoras con odio, infundiendo miedo, como un camorrista profesional. Haciendo alarde de machismo para suscitar lo peor de los anacronismos. Con los efectos malignos de una isoca contra las costumbres políticas que exigen la controversia, la lucha social y popular, pero que deben excluir los abusos del poder, de todo el poder que tiene el presidente bonapartista.
El ataque a la Corte Suprema, y por esa vía a la justicia, hablando de complots y conspiraciones, además de exhibir una conducta errática por parte del señor presidente, tiene la finalidad de dar un manotazo a la institución que adelanta el proceso contra la parapolítica, tejiendo una asombrosa trama criminal que envidiaría como tema literario el gran novelista del humor y el crimen Rubem Fonseca. Si la Corte está tejiendo un complot y el magistrado Velásquez es el director de orquesta del macabro plan contra el presidente ¿en qué queda lo actuado contra la élite de la narcopolítica?
El señor presidente se tomó literalmente las cadenas radiales y televisivas durante días enteros para el linchamiento, ante la masa complaciente, de Guillén y Coronell y con ellos el periodismo independiente que sobrevive. Al igual que contra los magistrados y jueces. Bochornosa y preocupante actuación que linda los terrenos de la perfidia humana. Las Constitución y las leyes han sido convertidas en papel de desperdicio con este ataque a la libertad de prensa y a la justicia.
Por parte del Ministro de Defensa -la decencia como virtud debería ser suficiente para su renuncia irrevocable o su destitución fulminante- está utilizando el alto poder armado para hacer campaña política a favor del partido que manipula a su antojo. Autorizó, y todavía justifica con cantinflescas opiniones la legalidad del espionaje telefónico. Montó una operación mediática contra el presidente del Polo Democrático Alternativo, Carlos Gaviria, acusándolo calumniosamente de atentar contra la democracia en un diario inglés. Y no es la primera vez que el señor Santos acude a la calumnia contra gentes decentes. Ahora orquesta una nueva conspiración contra el presidente Hugo Chávez -¿con el golpista Carmona a la sombra?-, extendida a Piedad Córdoba, quienes a petición del señor presidente están dedicados a buscar con porfía el acuerdo humanitario.
Este gobierno y el ministro licencioso dan pábulo al desprecio por la vida de las víctimas secuestradas por las FARC. Si el acuerdo humanitario se hubiese realizado hace tres años, el señor presidente no estaría con una derrota política a cuestas, inflingida por las FARC, que se han convertido por la terquedad del mandatario en una fuerza con status internacional.
El cuadro se completa con un panorama electoral que se desenvuelve en condiciones desfavorables para el voto libre. El paramilitarismo, la parapolítica y la acción del gobierno oficializando candidaturas son protuberantes en la destorcida política y en el fraude a las conciencias ciudadanas. Un caudal incontrolable e incontrolado de dineros millonarios apuntala candidatos a concejos, asambleas, alcaldías y gobernaciones, especialmente de los partidos de la coalición de gobierno.
La indiferencia del señor presidente y la ira santa de los Ministros de Gobierno y de Defensa por el reciente informe de la Misión de Observación Electoral, MOE, en que se denuncia y alerta sobre la grave situación, sugiere una patente de corso para que los parapolíticos sigan en sus andanzas. Se trata de 567 municipios, más de la mitad de la organización territorial, en riesgo manifiesto. Todo ello, sobre el telón de fondo de los 17.476 homicidios del año pasado y 30 asesinatos políticos en el último mes.
La guerrilla de las FARC acciona igualmente para interferir la voluntad ciudadana en sus zonas de influencia, que aunque disminuidas son parte importante de la soberanía territorial amputada.
Estas elecciones se desarrollan sin cifras poblacionales creíbles. El fracaso del reciente censo, una estafa a la opinión, a la verdad y al erario público, agrava la situación.