Barrios sitiados y Robocops

6 de Março de 2021, por Piero Quijano


Las clases medias parecen tener la tendencia a mudarse a barrios solitarios y apartados, donde después acaban teniendo miedo de las calles vacías y la soledad. Aparece el problema de la inseguridad, sin duda real, dura, pero acrecentada por la visión de gente circulando a pie, con pelo negro y piel marrón. A veces albañiles, a veces jardineros, a veces carretilleros de reciclaje o heladeros, a veces trabajadoras del hogar regresando de la educación escolar nocturna.

Los asaltos y robos con pistola, registrados por cámaras de seguridad de tiendas y administraciones municipales, llenan regularmente el metraje de los noticiarios televisivos y se repiten hasta el infinito. La inseguridad ciudadana es el tema de candidatos a alcaldías, más que la salud o la vivienda. No pocos vienen bajo el auspicio de (y compromiso con) compañías de seguridad,  aquellas que proveen rejas con puntas, cercos eléctricos, vigilantes de uniforme, cámaras de video, calles con tranquera o directamente enrrejadas, al punto de entorpecer la ruta de ambulancias y carros de bomberos. Los viejos muros con vidrios rotos emergiendo del cemento son cosa de hogares pobres. 

Hace décadas, un partido político democristiano de derecha, presente sobretodo en alcaldías, inventó el sistema de Serenazgo, un cuerpo de vigilantes municipales. Al inicio, se ocupaban de quitarle la pelota a los niños futboleros o sacar del famoso “césped” de los parques a quienes ahí descansaban. El famoso “siéntese bien” municipal y cristiano. Usualmente recorrìan los distritos en camionetas, apoyados por algún policía de franco y un vecino entusiasta y matón. Bajo administración municipal, pasó después a ser tercerizado a empresas de seguridad,  dirigidas por ex militares o ex policías. Se convirtió en una policía privada de cada uno de los alcaldes de los 52 distritos/feudos que fragmentan la ciudad de Lima. Una red de pequeñas fundaciones Robocop,  con un horizonte de desplazar a la fuerza de seguridad pública por una privada.

En medio de la campaña de aprovechamiento de la ola de robos y asaltos, las compañías de seguridad aparecieron como Chaplin de vidriero, después que el niño ya había recorrido las calles rompiendo ventanas a pedradas, en la película El Pibe. Un gran negocio y una manera de apropiarse de la ciudad. Los vigilantes municipales se dedicaron a apalear a vendedores ambulantes en beneficio de los comerciantes regulares, confiscando o destruyendo mercaderías, ocupando y desactivando como tales los espacios públicos, casi con una agenda propia extra municipal (o tal vez no ajena a los planes del binomio alcaldes/inmobiliarias).

El futbol de pista, el voley en los parques, fiestas callejeras, pequeñas piscinas de plástico sobre las veredas, mucho antes de la pandemia, ya estaban en la mira de las corporaciones de seguridad. Parte de la población también desarrollaba esa ojeriza, haciendo, por ejemplo, sacar las bancas de los parques para que solamente se circule y dos enamorados no se fundan en uno, ni los paseantes descansen ni pierdan el tiempo. Otro sector joven y protofascista apelaba a nociones de un pequeño nacionalismo distrital/barrial expulsando a otros bajo el encabezado de “mi territorio”. 

Al desactivar como públicos los espacios para impedir su uso por la población, es el turno de las empresas inmobiliarias. Se redefinen y reacomodan las zonificaciones, el carácter de los barrios y distritos: un botín para destruir la continuidad arquitectónica y levantar edificios fuera de escala,  basándose en plantillas prefabricadas según los terrenos disponibles, ahí donde el estado en sus niveles municipal y Ministerio de Vivienda han abdicado de su función de proveer programas de vivienda social.  Solamente proyectos privados, departamentos diseñados en base a la teoría del mínimo espacio, para una clase media empobrecida de recursos y grandeza, que se asusta cuando ve los albañiles que construyen esos edificios.