Desigualdad, paro y represión en tierras ecuatorianas

29 de Junho de 2022, por John Cajas-Guijarro

 

 
Foto:Conaie
Foto:Conaie
“Me afilié al partido Comunista por pobreza, por maltrato,
porque había que cambiar las cosas. Yo era cabecilla…
Yo era viva, movilizaba a la gente… hablando les hacía ver que éramos una lástima.
Después de tanto luchar, tanto lidiar, hice llorar al mismo Gobierno”
Tránsito Amaguaña- Lideresa indígena ecuatoriana
 
Luego de la rebelión de octubre de 2019 [1]  y cuando todavía se sufren los estragos de la crisis del coronavirus [2], el Ecuador vuelve a ubicarse entre un paro nacional y la represión. Y nuevamente los protagonistas incluyen a movimientos indígenas, estudiantes, gremios de trabajadores formales e informales, campesinos, barrios populares, colectivos de mujeres, y muchos otros. La complejidad de esta situación puede dimensionarse –al menos– desde cuatro grandes puntos: (i) una “reactivación económica” desigual; (ii) la cuestionable política económica del gobierno de Guillermo Lasso y su desinterés por resolver con celeridad varios problemas internos; (iii) la “tibia” respuesta del gobierno a las exigencias de un paro nacional; (iv) una creciente represión a la protesta social. 
 
1. Una “reactivación económica” desigual: estancamiento y olvido para la ruralidad
 
En el año 2020 la pandemia del coronavirus y sus efectos colaterales dejaron en el Ecuador un saldo de casi 47 mil fallecidos por encima de los promedios históricos [3],  mientras que la economía ecuatoriana sufrió una contracción de 7,8% en su Producto Interno Bruto (PIB) [4].  Es decir, en 2020 se combinaron un colapso humanitario y un colapso económico, similar a lo que ha sucedido en otros países latinoamericanos. En medio de esos colapsos múltiples, y como resultado de un complejo proceso electoral [5],  en mayo de 2021 llegó a la presidencia el banquero Guillermo Lasso. 
 
Una de las primeras acciones del gobierno de Lasso fue acelerar la vacunación contra el coronavirus, corrigiendo –parcialmente– el desastre sanitario dejado por su antecesor, Lenín Moreno. Al mismo tiempo, el gobierno continuó un ajuste económico acordado con el Fondo Monetario Internacional en 2019 [6],  aunque con bastantes contratiempos: no pudo implementar un ajuste generalizado que incluía una brutal reforma laboral [7] , alcanzó una reforma tributaria con cierta dimensión progresiva (aunque también con puntos cuestionables), no logró la aprobación de una “ley de inversiones” con aires privatizadores y, en general, se ha entrampado en disputas políticas con varios frentes, en especial con la Asamblea Nacional. Incluso la relación con la Asamblea ha sido tan tensa que ésta ha investigado a Lasso por su posible vínculo en el escándalo de los papeles de Pandora [8]. 
 
Entre estos y otros hechos, el saldo que vivió Ecuador en 2021 fue de una aparente “reactivación económica” con un crecimiento de 4,24% del PIB, pero también con más de 35 mil personas fallecidas por encima de los promedios históricos; es decir, se nota el contraste entre el crecimiento económico y la tragedia sanitaria en tiempos de Lasso. De hecho, la “reactivación” de 2021 se encuentra plagada de contradicciones y asimetrías. Así, mientras que en promedio la economía ecuatoriana creció (aunque a menor ritmo que el promedio de América Latina), algunas actividades clave en la generación de empleo se mantuvieron estancadas, como la agricultura y la construcción. 
 
Sobre la agricultura, cifras oficiales indican que la actividad se ha mantenido económicamente estancada por casi cinco años. Este hecho afecta en especial a los trabajadores rurales pues en Ecuador 74 de cada 100 de esos trabajadores también son agrícolas. Aquí el estancamiento se combina con un marcado deterioro laboral dado que entre los primeros trimestres de 2021 y de 2022 la informalidad del empleo rural creció de 70,2 a 73,2% (crecimiento no observado a nivel urbano). A su vez, 83 de cada 100 trabajadores rurales (2,4 millones de personas) se mantuvieron desempleados o en un empleo con ingresos menores al salario básico (425 dólares mensuales). De hecho, entre 2020-2021 se evidencian las proporciones más bajas de empleo rural adecuado de los últimos catorce años [9].  Incluso, ya al primer trimestre de 2022, más de 1,4 millones de trabajadores rurales estuvieron desempleados u obtuvieron ingresos mensuales de 200 dólares o menos. Para colmo, los ingresos rurales sobre todo agrícolas han ido cayendo incluso en medio de la supuesta “reactivación económica” (patrón que tampoco se observa a nivel urbano)[10].  
 
A estos problemas coyunturales se suman varias problemáticas históricas de carácter estructural. Por ejemplo, estudios indican que por varias generaciones las poblaciones indígenas ecuatorianas –sobre todo mujeres– afrontan los mayores niveles de explotación laboral tanto en términos de bajos ingresos como de una deteriorada calidad del empleo. Asimismo, las poblaciones indígenas son las más vulnerables cuando la economía sufre shocks externos como una caída de los precios del petróleo [11] . Tampoco puede olvidarse la enorme concentración tanto de la propiedad de la tierra como del acceso al agua y demás recursos [12], lo que perjudica en particular a pequeños productores rurales que, además, suelen vender su producción a precios muy bajos en beneficio de intermediarios, industriales, grandes cadenas comerciales y similares.
 
Es decir, pese a que la economía ecuatoriana empezó a “reactivarse” en 2021, los trabajadores rurales no se han beneficiado de ese proceso e incluso sufren un deterioro laboral que se combina con varias desigualdades históricas. También puede sumarse en este recuento los efectos externos del conflicto Rusia-Ucrania, que incluyen un incremento de precios en varios insumos agrícolas importados y la exacerbación de un proceso inflacionario que merma el consumo de poblaciones previamente ya empobrecidas. Ante tal cantidad de problemas (que ya han motivado en su momento a varias protestas de agricultores y campesinos [13] ), el gobierno de Guillermo Lasso no ha planteado respuestas adecuadas y a veces hasta se ha mantenido indiferente.
 
2. Finanzas públicas estables… y faltantes de medicinas en los hospitales
 
Como ya se mencionó antes, una de las prioridades del gobierno de Lasso ha sido cumplir con el ajuste acordado con el FMI en 2019. Entre los efectos de ese ajuste está la restricción a la inversión pública, provocando que la construcción de infraestructura estatal sufra un serio estancamiento, tendencia que ya se notaba en tiempos de Lenín Moreno e incluso en los últimos años del gobierno de Rafael Correa. Esa reducida inversión pública, combinada con el colapso de la pandemia, llevaron a que el PIB de la construcción caiga 20% en 2020 y 6,6% en 2021 (un retroceso de prácticamente once años). Es decir, incluso en plena “reactivación económica”, persistió el colapso de una actividad que genera miles de empleos sobre todo para trabajadores de sectores populares [14].  
 
Junto a la falta de inversión en infraestructura estatal, la política económica de Lasso ha generado un profundo malestar social por su contradicción entre unas “finanzas públicas estables” y un enorme desinterés en resolver urgentes problemas sociales. Por ejemplo, entre 2020 y 2021 los ingresos petroleros del estado ecuatoriano crecieron 65,5%. Sin embargo, ese y otros crecimientos de ingresos (más varios fondos de deuda externa provenientes del FMI y multilaterales) no se ha traducido en mejoras palpables sobre todo en el sistema de salud pública, el cual resultó gravemente afectado por la crisis sanitaria del coronavirus. De hecho, por varios meses Lasso ha recibido duras críticas por la lentitud e incapacidad de su gobierno de normalizar la provisión de medicinas y otros recursos a los hospitales públicos [15].  Pese al problema, en su momento funcionarios del gobierno se negaron a declarar el estado de emergencia en el sector de la salud [16].
 
Otros elementos cuestionables de la política económica del gobierno de Lasso incluyen: la falta de acciones concretas para generar empleos de calidad a nivel urbano y sobre todo rural; las pretensiones de recortes presupuestarios a sectores sensibles como la educación; los intentos de venta de activos estatales pese a que varios son rentables; la posible privatización total o parcial de la seguridad social; la aspiración de firmar múltiples tratados de libre comercio (TLC) sin una estrategia seria de integración económica regional y global que no lleve a la destrucción de empleos a nivel local; el reingreso del Ecuador a mecanismos de arbitraje internacional (p.ej. el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias, CIADI), así como la negociación de tratados bilaterales de inversión (TBI), los cuales históricamente han perjudicado al país en beneficio del capital transnacional; la expansión petrolera y minera sin considerar los conflictos socioambientales que pueden agravarse; la posiblemente “excesiva” ampliación de las reservas internacionales en dolarización sin estudios técnicos rigurosos de respaldo, y respaldando sobre todo de la banca privada; el aumento de los precios de los combustibles hasta un techo por encima de los precios negociados en las movilizaciones de octubre de 2019; y, en definitiva, la ausencia de una planificación económica integral y la excesiva aspiración a dejar que sean las “fuerzas del mercado” las que libremente “regulen” la economía (en teoría, pues en la práctica el “libre mercado” implica retirar al Estado para que los grupos más fuertes actúen sin límites). 
 
Si bien han existido algunas decisiones llamativas –como el incremento del salario básico de 400 a 425 dólares mensuales y los elementos progresivos de la reforma tributaria–, en su mayoría la política económica de Lasso posee un marcado horizonte neoliberal en sintonía con varias aspiraciones de los gobiernos de Moreno [17] e incluso de Correa [18] sobre todo luego del shock petrolero vivido por el Ecuador en 2015 y el terremoto en la provincia de Manabí de 2016. Desde esos momentos, anuncios como la venta de empresas y activos estatales y la firma de tratados de libre comercio, se han vuelto costumbre.
 
A la par de la continuidad y aceleración de las aspiraciones neoliberales, el gobierno de Lasso también se ha caracterizado por su incapacidad de controlar eficazmente una fuerte ola de violencia que se ha agudizado en el Ecuador luego del colapso económico-sanitario vivido en 2020 durante la pandemia del coronavirus (y que ya empezaba a notarse al final del gobierno de Moreno). Tal ola de violencia incluye varias masacres carcelarias, el aumento de las disputas territoriales por parte del crimen organizado, el notable crecimiento del tráfico de droga, y otros patrones que han generado un fuerte sentimiento de inseguridad [19].  Esta situación desoladora se complementa con las enormes dificultades que sufre sobre todo la población joven tanto para conseguir un trabajo como para ingresar a la educación superior, volviéndose así una población sin oportunidades y potencialmente asimilable por las “economías subterráneas”. A tal punto llega la desolación, que ha crecido el número de ecuatorianos buscando salir del país de forma legal o ilegal [20].
 
Pese a semejante contexto de graves problemas internos, el gobierno de Guillermo Lasso prestó muy poca relevancia a los múltiples llamados al diálogo por parte de sectores opositores con varias exigencias de cambio de rumbo, como es el caso de los propios movimientos indígenas.
 
3. Paro nacional y “tibias” propuestas gubernamentales
 
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), fundada en 1986, ha sido una de las organizaciones sociales más activas en la vida política del país de las últimas décadas. Así, la CONAIE fue protagonista del levantamiento indígena de 1990 en el que se exigía al gobierno de Rodrigo Borja el reconocimiento del Estado Plurinacional además del acceso al agua, la legalización de tierras y otras reivindicaciones. En 1994, la Confederación protestó contra el proyecto de ley agraria en el gobierno de Sixto Durán Ballén. En 1997 la CONAIE participó en las movilizaciones que terminaron con la caída del gobierno de Abdalá Bucaram. En el año 2000, durante la crisis financiera que llevó a la dolarización de la economía ecuatoriana, la Confederación fue protagonista en el derrocamiento del gobierno de Jamil Mahuad. En 2005 participó en las movilizaciones que llevaron a la caída del gobierno de Lucio Gutiérrez, mientras que en 2006 protestó contra el intento del gobierno de Alfredo Palacio de firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos [21]. 
 
En tiempos más recientes, la CONAIE terminó representando una seria oposición al gobierno de Rafael Correa al protestar en contra de la explotación minera, en defensa al acceso al agua y a la tierra, y buscando el reconocimiento de varias reivindicaciones históricas sobre todo en los años 2012 [22]  y 2015 [23] . Luego, en el gobierno de Lenín Moreno, la Confederación tuvo un rol crucial en la rebelión de octubre de 2019 exigiendo que se derogue el decreto 883 que promovía la eliminación abrupta de los subsidios a los combustibles [24]. Fruto de la misma rebelión de octubre, y por medio de la convocatoria a un Parlamento de los Pueblos, la CONAIE también presentó al gobierno de Moreno una propuesta económica con múltiples elementos (política fiscal, monetaria, crediticia, sectorial, derechos sociales). En definitiva, se proponía una mayor participación democrática en la definición de la política y la planificación económica del país [25].  Sin embargo, al final la propuesta no fue tomada en serio a nivel gubernamental, aunque sirvió de base para la formulación de nuevas propuestas de origen popular (p.ej. la propuesta de la “Minga por la vida”) [26]. 
 
Desde este recordatorio –extremadamente superficial– se puede ver que la CONAIE ha mantenido una lucha histórica con múltiples gobiernos por alcanzar reivindicaciones tanto para el mundo indígena como para otros sectores populares. En concordancia con esa historia, la Confederación mantuvo con el gobierno de Guillermo Lasso algunos intentos de diálogo entre junio y noviembre de 2021, buscando alcanzar la reducción de los precios de los combustibles (los cuales ya habían aumentado por encima de los niveles acordados en octubre de 2019), junto con otros puntos importantes. Pero pese a esos intentos, no se alcanzaron acuerdos relevantes [27].  
 
Dada esa falta de acuerdos, y luego de que el Ecuador superó la ola de la variante ómicron del coronavirus, la CONAIE convocó a un paro nacional desde el 13 de junio de 2022 a la vez que entregó al gobierno un documento con diez planteamientos que pueden resumirse en:
 
1. Reducir y congelar los precios de los combustibles a la vez que se implementa subsidios focalizados a sectores vulnerables.
2. Moratoria y condonación de deudas de pequeños y medianos productores agrícolas.
3. Precios justos en productos del campo, subsidio agrícola y no firma de tratados de libre comercio que destruyen la producción nacional.
4. Creación de empleo, respeto a derechos laborales y a la libertad de organización obrera. 
5. No ampliar la frontera extractiva minera/petrolera, auditoría y reparación de impactos socioambientales. Protección de territorios, fuentes de agua y ecosistemas frágiles. 
6. Respeto a los 21 derechos colectivos: educación intercultural bilingüe; justicia indígena; consulta previa, libre e informada; organización y autodeterminación de pueblos indígenas.
7. Detener la privatización del patrimonio nacional y negación al sometimiento del país a tribunales internacionales como el CIADI.
8. Políticas de control de precios y de la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad que hacen los intermediarios. Parar el abuso en la definición de precios en productos industrializados en cadenas de supermercados.
9. Garantizar acceso de la juventud a la educación superior y mejoramiento de infraestructura. Fortalecimiento de la salud y la educación, incluyendo la asignación de presupuesto urgente frente al desabastecimiento de los hospitales por falta de medicinas y personal.
10. Seguridad, protección y generación de políticas públicas para frenar la violencia, el sicariato, la delincuencia, el narcotráfico, el secuestro y el crimen organizado.
 
Al leer estos diez puntos y sobre todo al revisar su justificación y detalle [28], puede decirse que el planteamiento de la CONAIE combina demandas históricas que han sido planteadas a gobiernos anteriores (p.ej. no expansión de los extractivismos, no firma de tratados de libre comercio, respeto a derechos colectivos, no privatizaciones), demandas enfocadas a enfrentar la crisis y el abandono de la economía agrícola rural (p.ej. precios justos para el campo, subsidios agrícolas, condonación de deudas a agricultores y campesinos), demandas económicas de amplio alcance para la población (p.ej. generación de empleo, regulación de precios incluyendo los combustibles y la canasta básica), y demandas por el acceso a varios derechos adicionales (p.ej. educación, salud, seguridad).
 
Aunque queda para una reflexión futura la viabilidad de estos puntos, su conexión con propuestas anteriores, y la necesidad de incluir elementos complementarios, es innegable que las exigencias de la CONAIE están conectadas con varias problemáticas que sufre la población ecuatoriana pese a la supuesta “reactivación económica” de 2021. Asimismo, estas exigencias guardan coherencia con las luchas históricas de los movimientos indígenas en la defensa de sus territorios ante la expansión extractivista. Y si bien la exigencia de una reducción de los precios de los combustibles es quizá de las más controversiales (pues dicho subsidio muchas veces beneficia excesivamente a grupos privilegiados), la exigencia de la CONAIE también menciona la focalización de subsidios. Esa focalización podría plantearse de tal forma que genere combustibles baratos para sectores populares, pequeños y medianos productores agrícolas y para el transporte público, al mismo tiempo que se impone precios más altos –o incluso mayores impuestos– a los sectores más pudientes y a grandes industriales que pueden pagar el precio real de los combustibles [29]. 
 
Ante los planteamientos de la CONAIE, el gobierno de Lasso presentó una primera respuesta a nivel económico que, igualmente, puede resumirse en diez puntos [30]: 
 
1. No se va a modificar los precios de los combustibles actualmente vigentes ni se piensa realizar alguna forma de focalización de subsidios.
2. Implementación de créditos agrícolas y productivos, reducción de tasas de interés y condonación de créditos vencidos bajo ciertas circunstancias, pero solo desde la banca pública (es decir, sin afectar a la banca privada).
3. Aumento de subsidios a la urea adquirida por medianos y pequeños agricultores y subsidios de kits agrícolas que incluyen insumos y semillas.
4. Retomar diálogos con gremios de trabajadores y la Asamblea Nacional, para alcanzar consensos que permitan aprobar un cuerpo normativo que dinamice la contratación laboral. 
5. No se proponen cambios relevantes a las políticas que ya toma el gobierno en materia de sectores extractivistas.
6. Duplicación del presupuesto asignado a la educación intercultural bilingüe y etnoeducación.
7. Anuncio de que no se privatizarán los activos del Estado en sectores estratégicos ni en servicios públicos. Sin embargo, se mantiene la aspiración del gobierno de delegar competencias y administración de dichos activos al sector privado. A su vez, el Ecuador sí se mantendrá en el CIADI y continuará negociando tratados bilaterales de inversión.
8. Emisión de un decreto presidencial para intensificar y fortalecer el control para prevenir procesos especulativos sobre todo en productos sujetos a precios oficiales.
9. Se ratifica que el gobierno va a proveer de recursos a la educación. Con respecto a la salud, el gobierno –por fin– declara el estado de emergencia para alcanzar niveles óptimos de abastecimiento y suplir todas las necesidades del sector.
10. No se proponen cambios relevantes a las políticas que ya toma el gobierno en materia de seguridad.
 
Al revisar estas respuestas del gobierno y su detalle, se nota un carácter parcial y hasta superficial, sin apuntar a cambios profundos que atiendan seriamente los problemas que vive la economía rural. Asimismo, es llamativo que se haya necesitado la convocatoria a un paro nacional para que recién el gobierno de Lasso declare en emergencia al sector de la salud, pese a las múltiples exigencias realizadas desde hace meses incluso por médicos y demás trabajadores del sector. En cuanto a privatizaciones, el gobierno niega que éstas se realizarán, pero mantiene las ambiciones de delegar a sectores privados la administración de empresas públicas y similares, lo que podría derivar en procesos de privatización encubierta. También el gobierno se mantiene en la posición de firmar tratados de libre comercio, someter al país a arbitrajes internacionales en materia de inversiones y no generar cambios sustanciales en su política extractivista. Y con respecto a los combustibles, Lasso ni siquiera consideraba la posibilidad de cambios mínimos en los precios y peor una real focalización, aunque después cambiaría de postura ante una fuerte presión popular que, paradójicamente, fue alimentada por las acciones represivas del propio gobierno.
 
4. Creciente represión a la protesta social
 
Mientras que la primera respuesta del gobierno de Lasso al paro nacional resultó “tibia” en términos de propuestas, a nivel político el gobierno dio respuestas duras y hasta cargadas de crecientes niveles de represión [31].  Por ejemplo, al día siguiente de la declaratoria de paro nacional, Leonidas Iza (presidente de la CONAIE) fue detenido por la policía bajo condiciones bastante confusas y un día después fue liberado bajo medidas sustitutivas [32]. Según el propio gobierno, la detención de Iza motivó a que las protestas se intensifiquen cuando en un inicio no parecían tener demasiada fuerza. 
 
Después, el 17 de junio, Lasso firmó un “borrador” de declaratoria de “estado de excepción por grave conmoción interna” en tres provincias (Pichincha, Imbabura, Cotopaxi). Como señaló Amnistía Internacional, ese “borrador” incluía disposiciones preocupantes como el uso de “fuerza letal” y la limitación del derecho a la información con la opción de suspender servicios de telecomunicaciones e Internet. Ante la inmediata indignación que generó semejante declaratoria, el gobierno presentó una nueva versión del estado de excepción sin incluir estos puntos. Al día siguiente, el 18 de junio, desde el propio gobierno se emitió un boletín llamando a una “marcha por la Paz” en Quito (en oposición a las protestas de los movimientos indígenas) pese a que el estado de excepción firmado el día anterior suspendió la libertad de asociación y reunión. Es decir, el propio gobierno llamaba al incumplimiento del estado de excepción a fin de llamar a contramarchas [33].
 
Como si Lasso y los suyos intencionalmente buscaran aumentar la tensión social, el 19 de junio la policía hizo un allanamiento y luego se tomó a la fuerza las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana bajo el amparo del estado de excepción declarado dos días antes. Cabe mencionar que históricamente la Casa de la Cultura ha servido como punto de acogida de los movimientos indígenas en tiempos de protesta cuando han llegado a Quito [34]. Luego, el 20 de junio, Lasso firmó un nuevo estado de excepción aplicable a seis provincias (Pichincha, Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua y Pastaza), lo que le permitió evitar el control político de la Asamblea Nacional que se encontraba revisando la posibilidad de derogar el anterior estado de excepción [35]. 
 
Ante la toma de la Casa de la Cultura por parte de la policía, instituciones de educación superior como la Universidad Politécnica Salesiana, la Universidad Central del Ecuador, la Escuela Politécnica Nacional y otras decidieron acoger a la población indígena y/o servir como puntos de acopio de provisiones para apoyar a quienes seguían llegando a Quito con motivo del paro nacional (aunque también hubo universidades que prefirieron mantenerse en la indiferencia [36]).  Para el 21 de junio, varias de estas instituciones sufrirían ataques por parte de las “fuerzas del orden” [37].  
 
El 22 de junio, la CONAIE presentó al gobierno algunas condiciones mínimas para empezar un diálogo, incluyendo el cese inmediato de la criminalización y la represión, la derogatoria del estado de excepción, el cese al ataque de zonas de resguardo humanitario y que el gobierno considere todos los puntos demandados por el movimiento indígena. Igualmente se solicitó que la policía desocupe y libere la Casa de la Cultura para que la CONAIE desarrolle ahí una Asamblea Popular [38].  El 23 de junio las “fuerzas del orden” liberaron la Casa de la Cultura, los protestantes la ocuparon y algunos marcharon hacia la Asamblea Nacional, siendo repelidos violentamente por la policía [39].
 
Uno de los momentos más complejos del paro nacional –al menos hasta la fecha en que se escribe este texto– se vivió el 24 de junio, día en el cual el propio gobierno empezó a usar el término de “represión” como forma de enfrentar a la protesta. Por ejemplo, el ministro del interior declaró públicamente que se evaluaba la posibilidad de “reprimir con uso progresivo de la fuerza, eso implica la posibilidad de utilizar carabinas con munición múltiple, es decir perdigones”  [41](aunque antes ya había el reporte de un manifestante fallecido precisamente por disparos con perdigones ) [42]. Por su parte, Lasso daba un mensaje a la nación en el que indicaba su aprobación al uso progresivo de la fuerza para enfrentar la violencia de las protestas, a la vez que pidió a los manifestantes que “por su seguridad y la de sus familias, regresen a sus comunidades” e indicaba que las protestas tenían como objetivo “el derrocamiento del gobierno” [43].  
 
Mientras tanto, el mismo 24 de junio los manifestantes alojados en la Casa de la Cultura fueron desalojados violentamente sin que se les permita desarrollar a plenitud la Asamblea Popular convocada por la CONAIE [43]. Pese a semejante represión (en donde incluso fueron afectados niños y demás población vulnerable que participaba en la Asamblea Popular), en los siguientes días del paro la Casa de la Cultura nuevamente sería ocupada por los manifestantes.
 
Posteriormente, el 25 de junio la Asamblea Nacional arrancó una sesión para discutir la petición de varios asambleístas (sobre todo del bloque correísta) de destituir a Guillermo Lasso de la presidencia bajo el argumento de grave crisis política y conmoción social. En simultáneo con el inicio de la sesión, el gobierno dejó sin efecto el estado de excepción decretado el 20 de junio para quitar argumentos a quienes solicitaron su destitución [44].  Tal es la incertidumbre política en Ecuador que, si bien al final la Asamblea Nacional no destituyó a Lasso [45], la votación –realizada el 28 de junio– estuvo cargada de irregularidades incluyendo acusaciones de hackeo al sistema informático de la Asamblea [46].
 
Lo cierto es que el paro nacional de junio de 2022 ha dejado por ahora un saldo trágico de –al menos– cinco personas fallecidas, varios heridos y un número importante de posibles violaciones de derechos humanos desde el Estado según organizaciones como la Alianza por los Derechos Humanos [47]. En medio de semejante situación, y como cierre de los primeros días de paro nacional, el 26 de junio Lasso anunció la reducción en 10 centavos del precio de los combustibles, al mismo tiempo que reiteraba que el gobierno mantendrá el uso progresivo de la fuerza [48]. 
 
Más allá del impacto económico de la reducción parcial de los precios a los combustibles (se habla de 250 millones de dólares adicionales en subsidios [49]), políticamente es en extremo cuestionable que la medida no se haya tomado desde el inicio de las manifestaciones como señal de apertura al diálogo. El hecho de que el gobierno anuncie tal medida luego de tantos días de protesta, incluso con personas fallecidas de por medio, a la vez que se sigue menospreciando los demás puntos reclamados por la CONAIE (a los que se van sumando nuevos reclamos de otros sectores sociales), aumenta la incertidumbre sobre el futuro inmediato en tierras ecuatorianas.
 
Tan incierta es la situación que, mientras el 27 de junio inició un intento de diálogo entre la CONAIE y representantes de los poderes del Estado, al día siguiente el representante de Lasso abandonó unilateralmente el diálogo pues, en palabras del propio presidente, “no vamos a negociar con quienes mantienen al Ecuador como rehén” [50].  Al mismo tiempo, la represión a las protestas sigue acrecentándose, dejando en claro la naturaleza autoritaria del gobierno de Lasso.
 
5. ¿Llegó la hora de profundos cambios estructurales?
 
Ante la magnitud del paro nacional de junio de 2022 vivido en Ecuador y el rol protagónico que –una vez más– adquirieron los movimientos indígenas, cabe preguntarse si llegó la hora de que en el país se generen profundos cambios estructurales que hagan justicia a poblaciones históricamente excluidas que se han mantenido en una lucha permanente por ser escuchadas. Incluso, cabe preguntar si llegó el momento de formular acciones de corto y mediano plazo que cuestionen al menos parcialmente al sistema capitalista y a sus estructuras fundamentales, con el propósito de aliviar el sufrimiento inmediato de miles de personas. 
 
Un ejemplo en ese sentido es el cambio y la democratización de la estructura de propiedad de medios de producción como la tierra, el acceso al agua, el acceso a la tecnología y otros recursos, y demás medidas en favor de una ruralidad que ha vivido en el olvido. De hecho, muchos de estos aspectos no son novedosos, sino que han sido reclamados por años desde varios sectores desposeídos del agro, el campesinado y el mundo indígena en el caso ecuatoriano. Aquí también puede incluirse la revolución y reforma agraria, pensada no como una herramienta de modernización capitalista sino como una forma de construir propiedad comunitaria según las necesidades y costumbres de cada población. Es evidente que estos temas son mucho más profundos y trascendentales que una reducción de 10 centavos en el precio de las gasolinas…
 
Quizá es momento de retomar aquellas discusiones profundas e incluirlas en las demás exigencias de la CONAIE. Asimismo, sería justo recoger otras exigencias históricas planteadas por otros sectores sociales excluidos y empezar a atenderlas. La lucha de décadas de estos sectores merece ser tomada en serio y concretarse en estudios técnicos, políticas de estado, y una serie de cambios encaminados a reducir varias desigualdades que incluso podrían estarse agudizando a raíz de los estragos de la pandemia del coronavirus y otros shocks externos. 
 
Asimismo, ante todas las posibles violaciones de derechos humanos dadas durante las protestas de junio de 2022, una exigencia adicional podría ser la conformación de una comisión de la verdad que esclarezca los hechos y defina las responsabilidades del Estado (y que igualmente investigue la posible existencia de grupos infiltrados en las protestas). Un sinfín de actos muy poco democráticos y hasta represivos por parte del gobierno simplemente eran innecesarios.
 
Por último, los diez puntos de la CONAIE y los temas adicionales que sigan surgiendo deben tomarse apenas como el inicio de una discusión mucho más amplia donde se deje de mirar al “indio”, al “pobre”, al “humilde”, como un “otro inferior” cuya vida es descartable para las élites y sus acólitos. No olvidemos que el Ecuador –y de hecho toda América Latina– tiene una deuda pendiente desde hace siglos con sus pueblos originarios. Es tiempo de empezar a saldar esa deuda.
 
Notas
 
1.  Para una reseña al respecto, ver el texto escrito junto con Alberto Acosta (2020): “Rebelión en los andes: ecos económico-políticos del levantamiento popular ecuatoriano”. Octubre. Quito: El árbol de papel, pp.149-186. https://bit.ly/3iERwvQ 
2.  Sobre los múltiples impactos de la crisis del coronavirus en el Ecuador, ver el libro del autor de este texto: COVID-19. La tragedia de los pobres. Quito: Fundación Donum/FOS (2021). https://bit.ly/38gKUmP 
3.  Para un seguimiento de fallecimientos en Ecuador durante la pandemia del coronavirus, ver el siguiente enlace del Observatorio Social del Ecuador: https://www.covid19ecuador.org/fallecidos 
4.  Todas las cifras aquí presentadas corresponden a fuentes oficiales como el Banco Central del Ecuador y el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
5.  Ver el artículo del autor de este texto: “Cambalache electoral en tierras ecuatorianas”, IELA, febrero 5 de 2021. https://bit.ly/3xM4XSQ 
6.  Sobre dicho acuerdo, ver el artículo escrito con Alberto Acosta: “Del estancamiento al abismo fondomonetarista”, Opción S, julio 9 de 2019. https://bit.ly/3HTF2xb 
7.  Al respecto, ver el artículo escrito con Alberto Acosta: “¿Creando oportunidades… o creando el concertaje del siglo XXI?”, Rebelión, septiembre 28 de 2021. https://bit.ly/39S5Dyh 
8.  Sobre el tema, ver el artículo escrito con Alberto Acosta: “Entre los papeles de Pandora y la banca”, CADTM, octubre 15 de 2021. https://bit.ly/3zY308O 
9.  El empleo adecuado se refiere, en general, a un empleo con ingresos por encima del salario básico.
10.  Para mayores detalles sobre esta “reactivación desigual”, ver el artículo del autor de este texto: “Una lúgubre recuperación económica”, Opción S, junio 7 de 2021.  https://bit.ly/3ygmmVp 
11.  Por ejemplo, puede verse los análisis por cohortes de población presentado en el trabajo escrito junto con Hugo Jácome y Bryan Pérez (2022): “Mercado laboral y shocks petroleros: un análisis de cohorte y PVAR para Ecuador”. Cuadernos de economía 41(86): 243-276. Mayo de 2022. https://bit.ly/3xSOjkK 
12.  Sobre esas y otras desigualdades estructurales de la economía ecuatoriana, ver el trabajo escrito junto con Alberto Acosta: “El “hocico de lagarto ecuatoriano”. Entre desigualdades coyunturales y estructurales”. En Concentración económica y poder político en América Latina (Carlos Pástor, ed. coord.) México: Friedrich-Ebert-Stiftung, pp.401-441. https://bit.ly/2USaFQU 
13.  Ver, por ejemplo, la nota de Primicias disponible en: https://bit.ly/3nmDLFM 
14.  Para mayores detalles, ver el texto ya citado: “Una lúgubre recuperación económica”.
15.  Como ejemplo, ver la nota de El Comercio disponible en https://bit.ly/3NlXWhi 
16.  Ver las declaraciones de la ministra de salud publicadas en la nota de Radio Pichincha disponible en https://bit.ly/3bp08HK 
17.  Ver el texto escrito con Alberto Acosta: “Moreno, un neoliberal más”, Rebelión, septiembre 2018. https://bit.ly/3yjCYLV 
18.  Ver el texto escrito con Alberto Acosta: “Correa, un neo-neoliberal”, Rebelión, enero 2017. https://bit.ly/3xWx5mj 
19.  Sobre la interacción entre el colapso económico-sanitario y el recrudecimiento de la violencia en Ecuador, puede verse el texto del autor de estas líneas: “Bienvenidos a Ecuador: crisis, muerte y reactivación”. Ecuador Debate 114: 9-30. Diciembre de 2021. https://bit.ly/3bldlBf 
20.  Como reseña Expreso, entre 2021 y junio de 2022, más de 93 mil migrantes ecuatorianos fueron detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos. Ver: https://bit.ly/39PnSnU 
21.  Para una reseña de estos eventos, ver la nota de El Universo disponible en: https://bit.ly/3yj5ZqY 
22.  Como archivo, ver la nota de El País disponible en: https://bit.ly/3QGidkR 
23.  Como archivo, ver la nota de El País disponible en: https://bit.ly/3neraUS 
24.  Como archivo, ver la nota de BBC disponible en: https://bbc.in/3xU44rx 
25.  Tal documento presentado por la CONAIE a fines de octubre de 2019 se encuentra en: https://bit.ly/3ygb6IC 
26.  Ver el documento disponible en: https://bit.ly/3nh5GGW 
27.  Al respecto, ver la nota de Primicias disponible en: https://bit.ly/3NmAi4y 
28.  La justificación y el detalle de los diez puntos de la CONAIE se encuentra en: https://bit.ly/3nfcW67 
29.  Para algunas reflexiones sobre la cuestión de los subsidios a los combustibles en Ecuador, ver el texto escrito junto con Alberto Acosta: “Superar los subsidios en clave integral, no solo fiscal”. Rebelión, agosto 2018. https://bit.ly/3OD1ugi 
30.  El detalle de la respuesta del gobierno de Lasso se encuentra en: https://bit.ly/3nfcW67 
31.  Un recuento día a día de los eventos más destacados del paro nacional iniciado el 13 de junio de 2022 puede encontrarse en:  https://es.wikipedia.org/wiki/Manifestaciones_en_Ecuador_de_2022 
32.  Para una reseña de la detención de Iza, ver la nota de Primicias disponible en: https://bit.ly/3QRrIxo 
33.  Para mayores detalles de estos hechos, ver la nota de Amnistía Internacional disponible en: https://bit.ly/3OAV4P2 
34.  Sobre este hecho, ver la nota de La Barra Espaciadora disponible en: https://bit.ly/3HXoEvJ 
35.  Al respecto ver la nota de El Comercio disponible en: https://bit.ly/3QOSvus 
36.  Ver la nota de El Comercio disponible en: https://bit.ly/3uroOpV 
37.  Ver la nota de El Comercio disponible en: https://bit.ly/3xUOfRl 
38.  Ver la nota de EFE disponible en: https://bit.ly/3btwe58 
39.  Ver la reseña de GK disponible en: https://bit.ly/3A5UXXn 
40.  Ver las declaraciones recogidas por Sputnik en: https://bit.ly/3OqqDuT 
41.  Ver el cao de Henry Quezada mencionado en la nota de GK en: https://bit.ly/3OrrI5U 
42.  Ver la nota de Radio Pichincha disponible en: https://bit.ly/3bvj0ER 
43.  Ver la nota de El Mercurio en: https://bit.ly/3xOHikI 
44.  Ver la nota de France 24 en: https://bit.ly/3u6p0dP 
45.  Ver la nota de El Comercio en: https://bit.ly/3a53cZ9 
46.  Ver la nota de El Telégrafo en: https://bit.ly/3QWvIgs 
47.  Ver el seguimiento disponible en el siguiente enlace: https://alianzaddhh.org/incidentes-ddhh-paro-2022/ 
48.  Ver la nota de Euronews disponible en: https://bit.ly/3OExYH0 
49.  Ver la nota de El Universo disponible en: https://bit.ly/3xXMiDN 
50.  Ver la nota de Expreso disponible en: https://bit.ly/3I1LOB5