Cuando emigrar es delito

Cuando emigrar es delito
Carlos A. Miguélez – periodista/ Espanha
23/05/2008, Madrid.- En la Unión Europea, más de 25 mil inmigrantes sin
papeles viven en centros de internamiento con peores condiciones de vida
que en las cárceles, nos dice un estudio reciente.
El Parlamento Europeo financió un estudio para conocer mejor las
condiciones en las que viven los inmigrantes en los más de 160 centros
de detención del Viejo Continente. Sin embargo, los resultados han
tenido poca difusión y, por la dirección que toma la Comisión Europea
hacia la aprobación de la Directiva de Retorno de inmigrantes, también
poca influencia.
La diferencia de criterios en materia de inmigración de los distintos
Estados europeos había impedido en un principio que se aprobara un texto
que parece definitivo, a pesar de la oposición de grupos políticos y de
ONG de varios países por considerar que se vulneran derechos
fundamentales, que no se pueden retener a personas como ‘presuntas
culpables’ de crímenes que no han cometido.
Preocupan las situaciones ‘patógenas’ que padecen los detenidos,
especialmente los ancianos, los niños y las mujeres embarazadas.
Contrario a los 18 meses fijados por la Directiva de Retorno como tiempo
máximo de internamiento en centros para inmigrantes sin papeles, el
informe recomienda reducir ese periodo a un máximo de cinco o seis
meses. Reino Unido, Holanda, Polonia, Finlandia Chipre, Dinamarca,
Lituania, Estonia y Suecia ni siquiera limitan ese periodo de tiempo.
Los investigadores han encontrado a personas detenidas durante más de
tres años en Estonia y en Chipre. En Italia, hay personas que han sido
detenidas hasta ocho veces seguidas.
Si el trámite de unos expedientes en Francia tarda 15 días, ¿cómo
explicar detenciones de hasta año y medio sin derechos que tienen
reconocidos los presos en las cárceles, como es el caso de las visitas?
La Vicepresidenta del Gobierno español ha calificado de xenófobas las
propuestas del Gobierno italiano de considerar delito la inmigración
ilegal, pero en su país viven miles de inmigrantes en un encierro
permanente en las celdas y con pocas posibilidades de dar paseos al aire
libre.
En España, los Centros de Internamiento de Extranjeros están gestionados
por la policía. El tiempo máximo de internamiento máximo es de 40 días,
pero una vez fuera, se puede volver a entrar y acumular varios periodos
de 40 días, como les sucede a varios inmigrantes.
La televisión pública española emitía hace unos días un programa que
retrataba la situación de muchos inmigrantes empujados por las
inundaciones, el hambre y la pobreza desde India y Bangladesh. Con un
mapa grande al fondo, uno de los bangladeshis entrevistados seguía con
un dedo su trayecto hasta llegar a Marruecos, donde vivió la etapa más
dura de su viaje, con una comida cada dos días y sin poder ducharse.
Cruzó a España en una patera con otras doce personas y ahora vive en un
centro de internamiento de Algeciras.
Aunque algunas ONG dedican esfuerzos para enseñarles español y a luchar
por mejorar las condiciones de vida de estos extranjeros, una
trabajadora social explicaba que, después de estar meses en los centros
de internamiento, muchos inmigrantes son llevados sin previo aviso al
coche que los conducirá al aeropuerto donde un avión los espera para
deportarlos. Si los van a deportar, argumentaba, ¿para qué hacerles
perder años de su vida?
Constituye una falta de sensibilidad y de memoria histórica que los
inmigrantes vivan en condiciones carcelarias pero con menos protección
legal y menos posibilidades de participar en actividades culturales, de
ocio o de inserción, que el primer consejo de ministros del tercer
Gobierno de Silvio Berlusconi haya aprobado que se consideren delitos la
inmigración ilegal y la mendicidad. No hay continente en el mundo que no
haya acogido a los inmigrantes europeos que huían del hambre, de la
guerra, de persecuciones religiosas o que buscaban hacer negocio a lo
largo de los últimos siglos.
Daría mejores frutos perseguir a las mafias que trafican con personas y
contribuir a la cooperación desde la Unión Europea que criminalizar y
expulsar a ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea, como es
el caso de Rumania, creando un problema a otros vecinos de la Unión Europea.
Es relativamente fácil respetar derechos y libertades en tiempos de
prosperidad. Europa y Estados Unidos están fallando en la prueba de
hacerlo en tiempos de dificultad económica que, por cierto, están
pagando más cara los inmigrantes de la hostelería, de la jardinería y de
la construcción a los que pretenden expulsar.
– Carlos A. Miguélez Monroy es periodista
Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS), España.www.solidarios.org.es